Las autoridades deben entender de una vez por todas que la alarmante preocupación por los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres no se limitan al ámbito privado y que además son causas que mueven a varios colectivos que permanecen en vigilia pidiendo inmediatas acciones.
La Fiscalía debe aceptar que ya no puede recurrir al olvido de la ciudadanía para ocultar su negligencia y complicidad en casos como el de Analía, cuya desaparición nunca fue de su interés, así como tampoco lo fueron las desapariciones de Meli e Isaura. Y sí, incluimos a Isaura porque su hallazgo fue tan tardío, que nunca podremos saber si alguien estuvo detrás de su muerte. Aquí no solo tienen responsabilidad los agresores, también la tiene el Estado que promueve una violencia estructural al no brindar a las mujeres garantías para ejercer sus derechos y que parte desde las propias escuelas con la negación de una educación sexual integral que, lejos de una mirada patriarcal, reconozca la autonomía y la respete.
Los feminicidios son la última consecuencia de una serie de violaciones de derechos y aun cuando esto sucede sigue la pelea para que no queden impunes. El caso de Analía dejó al descubierto cómo (no) opera la Fiscalía cuando las mujeres son asesinadas por razones de género, a pesar de la vigencia de la ley N° 5777.
Pasaron siete meses de la desaparición de la joven para que se encontrara su cuerpo enterrado en su propia casa. “Analía no estaba desaparecida, fue asesinada”, fue la excusa de la fiscala Gladys Garcete a la interpelación de periodistas acerca de cómo pudo pasar tanto tiempo para que los investigadores descubrieran que la víctima nunca salió de su hogar y de cómo no se habían percatado de los vestigios del crimen en los allanamientos anteriores ante una evidencia tan obvia como el montículo de tierra en el patio de la vivienda. Ya con pocas ideas para continuar con los pretextos dijo que el Ministerio Público, con un presupuesto de más de G. 700.000 millones, no contaba con luminol para las pruebas químicas que pudieran mostrar rastros de sangre dentro de la vivienda durante las primeras intervenciones. Atribuyó el inconveniente a la pandemia, por la dificultad de importar químicos, como si toda la investigación dependiera solo de eso.
Pero a todo esto se suma una declaración en la que prácticamente culpa a Analía de su propio asesinato, cuando toma como si fueran atenuantes los argumentos del hermano, sospechoso del feminicidio, acerca de “cómo le afectaba” el estilo de vida de la joven.
El abogado Guillermo Ferreiro tomó el caso para explicar las faltas desde el ámbito jurídico y es que explica que la no búsqueda de Analía por parte de la Fiscalía es un hecho punible y en ese sentido pidió la destitución de Sandra Quiñónez.
¿Qué hacen las demás instituciones? Otra inexplicable actuación es la de la Policía. No cumplió con una orden judicial para expulsar a un agresor de una vivienda familiar de Capiatá porque el hombre tenía una “actitud violenta” y entonces los agentes no tuvieron mejor idea que dejarlo en la casa con la mujer que lo denunció, pero si se encuentran con un manifestante no dudan en reprimirlo, humillarlo y torturarlo.
Otro estamento que no escapa de esta responsabilidad es el Congreso Nacional, donde un grupo de senadores, entre cartistas, patriaqueridistas y de Hagamos presentaron un proyecto de ley para disminuir la pena en los casos de violencia familiar. Estos dos puntos son denunciados por el Consultorio Jurídico Feminista que asesora a las mujeres que viven en situaciones de violencia y que sigue de cerca la respuesta de las instituciones.
Estas experiencias dan cuenta que el Estado poco se preocupó e interesó en hacer efectivas las políticas públicas desglosadas de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, promulgada desde hace casi tres años.
Desde la Fiscalía será difícil mientras Quiñónez se siga enraizando a medida que aumente la impunidad en su gestión.
