El proceso está apenas en sus inicios, y pese al escepticismo y la desconfianza de la ciudadanía, se espera que esta vez la Fiscalía General lleve adelante una investigación en serio.
Este caso tiene una importancia superlativa. No se trata solamente de demostrarle al mundo que se han logrado significativos avances en la lucha contra el lavado de dinero, lo que aquí está en juego además es que Paraguay vuelva a ganarse el respeto como un país serio. Después de todo, es nada más y nada menos que un ex presidente de la República quien está implicado en un gravísimo caso de tráfico de influencias, lavado de dinero, entre otros delitos.
Recordemos que la orden de prisión y captura había llegado justamente cuando se encontraba la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para determinar cuánto se ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero.
Además de Horacio Cartes, serán investigados el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, y la abogada Leticia Bóbeda; así también, están implicados en el caso varios empresarios: Felipe Cogorno, Joaquim da Mota, Édgar Aranda Franco, José Fermín Valdez, Jorge Alberto Segovia y Lucas Mereles Paredes.
La acusación refiere a supuestos hechos de asociación criminal, frustración a la persecución penal, tráfico de influencias, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, así como otros hechos punibles que puedan surgir de la causa, y son los mismos delitos por los que se los acusa en Brasil.
La Fiscalía cree que existen indicios sobre hechos que podrían tener relevancia penal en Paraguay y que deben ser investigados. El hecho de que el ex presidente va a ser investigado en nuestro país es –probablemente– una estrategia que va a frenar cualquier pedido de extradición por parte del Brasil. Si bien ahora es nada más que una especulación, lo cierto y concreto es que, al ser juzgados en el país, eso frenaría cualquier pedido posterior de extradición por parte del Brasil.
Las acusaciones que había formulado la Justicia brasileña son sumamente graves, y no comprometen solamente a Horacio Cartes, sino sobre todo a la Justicia paraguaya.
Por un lado, la Fiscalía General tiene ahora por delante un enorme desafío: el de demostrarle a una sociedad paraguaya desesperanzada y escéptica, que es capaz de realizar la investigación a un ex presidente de la República sin permitirse aceptar ningún tipo de presiones. Y por otro lado y al mismo tiempo podremos evaluar si la Justicia paraguaya puede demostrar que es capaz de juzgar a todos por igual, tanto a pobres como a poderosos.
El Paraguay debe volver a ser un país serio y creíble, y en este momento la Justicia tiene la palabra y la responsabilidad.