Se reprocha que no se haya pedido orden de captura de los responsables, pese a que hay un pedido de prisión.
La denuncia presentada por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, responsabilizaba a las firmas por su conducta legal irregular en el marco de la contratación vía excepción N° 36/2020 “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19 convocada por el MSPyBS”.
En la causa investigada se imputó por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Pero la acusación fiscal por tentativa de estafa y lavado de dinero se hace desear y así Justo Ferreira y su hija Patricia, junto con otros inculpados, reciben un balón de oxígeno legal.
El argumento para demorar esta imputación clave es que se espera informe de la UNA y de los importadores chinos sobre los productos que se pretendió vender como de uso médico, pero que no lo eran.
La denuncia del ministerio y de la comisión parlamentaria creada para hacer seguimiento a este tema es que la importación claramente no reunía los requisitos de una compra con todas los de la ley. Además, sostienen que quedó más que comprobado que los insumos no eran para uso médico.
La intención, según comentarios en los círculos judiciales atentos al caso, de los imputados sería el de hacerse pasar como víctimas de un engaño. Para los profesionales del derecho esto es una falacia, pues el comprador pudo darse cuenta fácilmente de que no eran insumos médicos lo que traían. Las denuncias citadas señalaban que las cajas especificaban claramente que no se trataba de insumos médicos como aseguraban los representantes de la firma.
DUDOSO. Otro aspecto controversial de la causa es la decisión fiscal de sacar la imputación con pedido de prisión, pero sin orden de captura. Abogados consultados ven que la medida puede esconder un salvavidas procesal para los afectados que les permite litigar con más libertad y ganar tiempo.
El caso despertó la indignación social, pues se vio como que querían aprovecharse de la pandemia de coronavirus para lucrar indebidamente con el Estado.