“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.
La denuncia incluye también a dos exministros de Castillo, acusados de tráfico de influencias. Se trata de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, a quienes se sindica como integrantes de la supuesta organización que dirige Castillo desde la presidencia.
“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó Benavides en redes sociales.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, agregó la fiscal de la nación.
El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.
El futuro del presidente torna sombrío ya que la alianza de izquierda que lo apoya en Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.
De hecho, Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses.
No hay antecedentes de que la fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio.
La denuncia se presentó el mismo día en el que la fiscalía allanó por la mañana la vivienda de una hermana de Castillo en busca de un sobrino suyo, a quien acusan de pertenecer la presunta banda criminal liderada por el mandatario.
En el operativo se registraron también las casas de doce investigados más en la misma causa.
“El Ministerio Público garantiza en todo momento los derechos e integridad física de las personas que se encuentran en los domicilios allanados hoy con autorización del Poder Judicial”, anunció la fiscalía en Twitter.
El presidente peruano protestó tras conocer la operación en la vivienda de su hermana, situada en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, en la que se buscaba a su sobrino Gian Marco Castillo Gómez.
El presidente alegó que su madre, Mávila Díaz Terrones, de 77 años, se recupera en esa vivienda de una reciente intervención quirúrgica, y acusó a la fiscalía de haber perjudicado su salud.
“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, tuiteó.
La madre del mandatario fue trasladada en una ambulancia a un hospital tras sufrir una descompensación, según medios.
Castillo visitó a su madre por la tarde en el hospital.
La operación incluyó la detención preliminar por 10 días de cinco exasesores gubernamentales de segunda línea.
Entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas opositores, supuestamente coludidos con el gobierno.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario izquierdista dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto acusada de formar parte de dicha red.
La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David Paredes, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país durante tres años.
El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó en dos ocasiones destituirlo.
