El fiscal adjunto Jorge Sosa afirmó que no existe precedente de denuncias ni incautaciones en el Alto Paraná de cargamentos ilícitos que hayan sido comunicados a la Fiscalía. Este trasladó la responsabilidad a la Policía Nacional y la Aduanas, que tienen sus puestos de control en las rutas o accesos y salidas del país, sobre los productos en tránsito.
“Hasta ahora no tenemos ese tipo de denuncias que nos permitan iniciar la investigación y, sobre todo, dirigir la investigación en un sentido. Porque mientras no tengamos un hecho concreto como notitia críminis, son meras especulaciones para el Ministerio Público y, por tanto, no podemos iniciar una investigación que finalmente no va a arrojar ningún resultado”, afirmó ante nuestra consulta.
Los antecedentes dan cuenta de que los contrabandistas estuvieron operando por la frontera seca en Canindeyú, para enviar toneladas de cobre al Brasil en camiones de gran porte, a través de la localidad de Pindoty Porã. Luego, habrían cambiado la ruta y la modalidad para enviarlo directamente a través del Puente de la Amistad, en vehículos pequeños, que son las furgonetas que trabajan en transporte alternativo. A pesar de las denuncias publicadas, el esquema seguiría intacto.
El administrador de Aduanas de Ciudad del Este, Gustavo Soto, refirió que había derivado al área de inteligencia aduanera para la investigación de la denuncia pública, así como un pedido a las autoridades brasileñas de la Receita Federal para someter al escaneo a las furgonetas que ingresan al Brasil, como una manera de detectar el contrabando de cobre. Hasta la fecha no hay resultado de dicha investigación institucional. La Policía tampoco realizó procedimientos para interceptar la actividad ilegal.
PIDE DENUNCIA. “Hasta el momento, nosotros no hemos recibido ningún tipo de denuncia de parte de la Policía Nacional ni de la Dirección de Aduanas, en la cual nos comuniquen supuestos hechos de contrabando, sea este de ingreso al país o de salida”, afirmó el fiscal adjunto.
Para que el Ministerio Público inicie una investigación es necesaria una denuncia penal de empresas que estén afectadas por el crimen, o la comunicación de la Policía o la Aduana de la retención de un cargamento de cobre, ya que sin esos requisitos no se podrían abrir las carpetas de investigación fiscal de oficio, sostuvo. Por otro lado, la Aduana es la que califica tras un sumario los casos de contrabando, para que la Fiscalía pueda finalmente acusar en juicio a los involucrados.
