En la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa) se encontró en un depósito aproximadamente diez mil expedientes que fueron tramitados en diferentes Juzgados de Asunción.
El pasado jueves, la firma se puso a disposición de la Justicia y una comitiva del Ministerio Público llegó a hacer una verificación. Específicamente en el quinto piso del edificio, ubicado en el centro de Asunción, hallaron un depósito donde se guardaban expedientes originales.
“Las explicaciones hacen referencia a que estos expedientes fueron todos retirados bajo recibo. También se estuvo indagando que sería a consecuencia de que estos Juzgados de Paz mayormente no tienen la capacidad para almacenar la cantidad de expedientes”, refirió.
¿SE PUEDE? La ley establece en qué condiciones y cuándo pueden ser retirados los expedientes judiciales (bajo recibo) “y son muy claros quiénes pueden realizarlo y que el Juzgado debe dar un plazo”, explicó la fiscala.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppYa en un informe de la Corte Suprema, una de las observaciones menciona que estos se retiran por cuaderno de entrada, pero a la par debería existir resolución en la que consigne el motivo y por cuánto tiempo.
“La información que se está recibiendo de manera oficiosa es que justamente esto es una cuestión de larga data, de que finalmente por la falta de depósito, diferentes estudios jurídicos, empresas de cobranza, almacenan expedientes”, reconfirmó la fiscala.
AUDITORÍA. La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte anunció que las 205 cajas retiradas ayer de Carsa serán verificadas e inventariadas.
También la empresa entregó dos listados que indican el contenido de las cajas, los que serán cotejados.
La Corte deberá después remitir un informe sobre esto al Ministerio Público. Una vez que se remitan todos los informes de auditorías, la Fiscalía tendrá una cantidad certera de expedientes faltantes.
Samuel Gregorio Salcedo Fernández es el segundo detenido, sospechado de haber retirado junto con otras dos personas más, aparentemente documentos de la casa de una ujier solo días antes de que esta sea allanada. Se presume que Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Recoleta, tenía cinco mil expedientes en su vivienda, ubicada en un edificio del barrio Villa Morra de Asunción. Días atrás ya había sido detenido Iván Galeano Bernal, quien fue identificado también a partir de las imágenes del circuito cerrado. Se los ve a tres personas retirando documentos en carritos y bolsas negras. La sospecha es que se trata de expedientes que formarían parte de la investigación –hoy conocida como mafia de los pagarés– de un esquema de estafas a través de cobros de pagarés. En juicios ejecutivos, un pagaré ya ejecutado, se volvía a ejecutar, sin notificar a la víctima para no defenderse.
