Además, fueron procesador por la Fiscalía Julio Giménez y Rodolfo Duarte. Estos dos, como también García, fueron imputados por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.
Antecedentes. El caso se había iniciado en el 2016. En ese tiempo, García era asesor jurídico de la Comuna. La empresa Ivesur ganó a la Comuna una demanda sobre indemnización por daños por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a la capital.
Cuando salió el fallo, el intendente Mario Ferreiro comunicó que la condena establece el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso. Como intentando minimizar, había remarcado que Ivesur pretendía USD 12 millones.
Pero esta condena nunca fue apelada por García. En noviembre del 2016, la directora de la Mesa de Entrada de Apelación y Tribunal de Cuentas, Marta Machuca, dijo que solo se registró una acción promovida por el abogado de Ivesur, Juan Ernesto Villamayor, por sus honorarios y dejó en claro que la Comuna capitalina no presentó ninguna acción posterior a la condena.
Según los antecedentes, tras el escándalo, los tres imputados estuvieron involucrados en un supuesto hecho de producción de documento falso, ya que presentaron una apelación extemporánea, y la firma que aparece al pie del escrito de apelación no correspondería a ningún funcionario judicial.
CAJONEADO. La causa había sido investigada en principio por la fiscala Nadine Portillo, quien fue separada de su cargo por el escándalo de los audios. Incluso, en uno de los audios filtrados ella comenta a Fernández Lippman que la pareja de Enrique García, Romina Rolón, le visitó para pedirle que beneficie al contralor.
En los audios además se revela un rosca entre Lippman, fiscal Portillo, el ex senador Oscar González Daher y el senador Adolfo Ferreiro.
Finalmente ayer, después de dos años, se movió la causa y la Fiscalía presentó imputación.
Cuidando. El fiscal Guerrero presentó la imputación en un caso mediático, llamativamente luego de que ÚH revelara ayer que hubo contactos entre el abogado Guillermo Duarte Cacavelos con Fernández Lippmann, y que Guerrero solicitó el sobreseimiento provisional para el suegro del abogado de la oposición, Carlos Heisele Sosa (ex titular de la ANDE).
Piden desafuero
El fiscal Leonardi Guerrero solicitó al Juzgado que pida al Congreso el desafuero del contralor Enrique García. Recordemos que al tiempo de la designación, Avanza País, liderado por Adolfo Ferreiro, pactó con el oficialismo colorado para que su candidato acceda a la Contraloría, y entregó la designación de la
Defensoría Pública a la ANR, donde fue designado Miguel Godoy.