La empresaria habría deforestado centenares de hectáreas en distintos inmuebles, tres de los cuales tienen una superficie de más de 1.500 hectáreas y se hallan dentro del área protegida de la reserva San Rafael, ubicada al sur del departamento de Caazapá.
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Medio Ambiente de Caazapá, Karina Escurra dispuso la imputación de Rossato por hechos punibles de canalización y desecación de humedales y modificación de suelos sin licencia ambiental; infracción a las obligaciones legales referentes a las medidas de mitigación de impacto ambiental y ejecución deficiente de las mismas.
A estas causas se suman la tala de bosques y modificación de suelo sin licencia ambiental; producción y comercialización ilegal de carbón vegetal y talas de bosques; tráfico y comercialización ilegal de productos forestales y modificación de suelo sin licencia ambiental.
Escurra solicitó la prisión preventiva de la imputada quien cuenta con tres procesos abiertos en la localidad de Tava’i y General Morínigo.
También estaría involucrada en la tala de bosques para destinar el territorio a cultivos de soja, que generaría una ganancia de USD 12 millones al año.
