Se trata de los agentes de la Policía Nacional detenidos identificados como Victor Fabián Rolón Benítez, Alcides Ramón Árevalos y Alberto David Chaparro Bogado, todos imputados por la fiscala María Irene Álvarez por los supuestos hechos punibles de extorsión y extorsión agravada.
En horas de la tarde de este jueves también fue detenido el agente policial Héctor Ramón Caballero Benítez, quien fue trasladado a la Agrupacion Especializada, a disposición del Ministerio Público.
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Desde la Fiscalía informaron a Última Hora que la imputación contra este último policía detendo será formulada este viernes, luego de comparecer para su declaración indagatoria.

Los antecedentes refieren que el 4 de febrero pasado, los cuatro policías se encontraban en su horario de servicio en la Comisaría 19ª Metropolitana y realizaban el control correspondiente acorde al horario de circulación por la pandemia del Covid-19.
En un momento dado, presuntamente detuvieron la marcha del vehículo de la víctima, que se desplazaba por las calles Santa Rosa entre Migone y Calle 2 de Asunción, quien salía de su turno en el Hospital donde cumple horario como personal de blanco, motivo por el cual contaba con la constancia que lo habilitaba para transitar, sin embargo, de todas formas, los uniformados supuestamente le exigieron una suma de dinero, a cambio de no avisar a la Fiscalía.
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Según la denuncia, los policías le obligaron a entregar una suma de dinero, amenazándolo en todo momento con llevarlo detenido y comunicar a la Fiscalía.
La víctima supuestamente fue obligada a trasladarse hasta un cajero automático que se encontraba en las inmediaciones, siendo acompañada por uno de los policías, quien subió en el vehículo, detrás del asiento del conductor y luego regresaron hasta donde aguardaban los demás, a bordo de la patrullera.
Supuestamente, una vez que el policía avisó a sus compañeros que contaba con el dinero le devolvieron sus documentos personales.
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La fiscala María Irene Álvarez explicó en conversación con Radio Monumental 1080 AM que la extorsión tiene un marco penal de hasta cinco años.
“Pero la situación se agrava cuando se hace referencia al Artículo 186 del Código Penal Paraguayo, porque en esa circunstancia táctica que se describe en la denuncia, hay una suerte de ponerle a la víctima en peligro o apeligre a que haya una situación que atente contra su integridad fisica y su vida. Todos estaban armados, valiéndose de su investidura”, expresó.
La representante del Ministerio Público explicó que solicitó la prisión preventiva porque considera que existen todos los elementos, con los requisitos que exige la ley, para que estas personas guarden reclusión preventiva.
Mencionó que en los últimos tiempos hubo muchos casos denunciados de extorsión y que el fiscal Federico Delfino intervino en dos en San Lorenzo y en Villa Elisa.
Instó a la ciudadanía a que acuda en la Fiscalía para realizar las denuncias en caso de ser víctimas de los funcionarios “que tienen que estar al servicio de la seguridad de la ciudadanía”.
El caso de extorsión se suma a otras denuncias similares que también involucran a agentes policiales.
Recientemente, tres agentes de la Brigada Central fueron denunciados por un hecho similar. Asimismo, una pareja de extranjeros habían denunciado a agentes de la Comisaría de Colonia Torín, en Caaguazú.