La Fiscalía Anicorrupción imputó a responsables de la empresa Imedic SA y miembros del clan Ferreira por los supuestos hechos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Los imputados fueron Justo Ferreira (propietario de Imedic SA), Patricia Ferreira (representante legal de Imedic SA), Carlos Gamarra (despachante de Aduanas), Lauri Pohl (agente de Transporte), Guillermo Molinas (administrador de Aduanas), Gustavo Acosta y Mario Olmedo.
Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia solicitaron, además, la prisión preventiva para todos los imputados, quienes fueron procesados tras la fallida compra de insumos médicos para Salud Pública para hacer frente al Covid-19.
Las imputaciones se dan en el marco de la investigación que se inició por la compra de insumos médicos, camas y otros equipos de bioseguridad que realizó el Ministerio de Salud a inicios de la pandemia del coronavirus en el país.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl pasado 18 de abril llegó el avión carguero con los elementos sanitarios que fueron adquiridos por importadores locales en China. Salud Pública ya abonó el 20% del monto total de este lote.
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Esa primera entrega consistió en 12.000 protectores faciales, 9.000 protectores oculares, 1.800.000 mascarillas quirúrgicas, 48.000 trajes de protección biológica, 510.000 máscaras N95 y 15 camas hospitalarias.
El primer lote que proveyó la empresa fue rechazado por Salud debido a que los equipos no reunían las especificaciones técnicas.
Por esa razón, en mayo pasado, la cartera sanitaria decidió rescindir el contrato con la empresa y tras los procesos legales, espera recuperar el anticipo que ya se abonó.
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Por otra parte, los miembros del clan Ferreira, Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Ramírez también están procesados por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.
Esta causa tiene que ver con el ingreso irregular de medicamentos procedentes de India. Sobre los procesados pesa una orden de captura y declaración de rebeldía.
