El presidente del Centro de Jubilados Bancarios, Abel Florentín, informó ayer que luego de la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público el año pasado, finalmente, se decidió imputar al titular de la Caja Bancaria, José Caballero, y a todo el consejo directivo de la institución.
“La imputación provino de parte de la fiscala Victoria Acuña, por lesión de confianza. También se abrió investigación contra el ex gerente general (Rodrigo Amarilla)”, precisó. En la opinión de Florentín, esta situación es un hecho grave; por ello, adelantó que mañana pedirán al Banco Central del Paraguay que realice una intervención en la Caja Bancaria y que las autoridades sean separadas del cargo.
La imputación ya figura en el sitio web del Ministerio Público. La investigación es por creación de una empresa de maletín denominada Karakú SRL, que operaba supuestamente en una dirección en Lambaré, que luego se comprobó que era una humilde vivienda particular.
Amarilla, el ex gerente de la Caja Bancaria y supuesto mentor de esta empresa, cobraba comisiones por la refinanciación de deudas de los jubilados.
Todo el esquema operaba en complicidad con los directivos de la Caja, pues estos eran quienes autorizaban los pagos de las comisiones.
Se detectaron un total de 81 operaciones de refinanciación por un monto de G. 14.005 millones, entre los meses de mayo y agosto del 2016.
Florentín dijo que se llegó a verificar que Karakú tenía un irrisorio capital de apenas G. 4 millones, por lo que era imposible que pueda otorgar créditos para cancelar deuda de los pensionados con la Caja.
DEFENSA. José Caballero, presidente de la Caja Bancaria, se declaró inocente en este caso y aseveró que efectivamente firmaron resoluciones de autorización de crédito a tasas más bajas que las que otorga el mercado. Señaló que aún no fueron notificados, pero aseguró que su cargo es electivo, va a presentar su defensa y no renunciaría al cargo.
