El Ministerio Público imputó a Justo Ferreira, Patricia Ferreira y a cinco personas por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, ya que habrían introducido de manera irregular insumos que fueron vendidos al Ministerio de Salud. Pidió la prisión preventiva para todos.
Por otra lado, continúa la indagación por daño patrimonial y tentativa de estafa, y la fiscalía aguarda un informe técnico.
Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia anunciaron que existen indicios suficientes de un esquema delictivo para cometer fraude al Estado.
Se sospecha de que las personas involucradas tanto de Imedic SA, Eurotec (clan Ferreira), así como funcionarios de Aduanas, utilizaron figuras legales administrativas para introducir de manera irregular mercaderías desde China a nuestro país, en la lucha contra el Covid -19.
Los insumos no contaban con registros correspondientes para su nacionalización y comercialización y la Fiscalía tiene como indicio fuerte de que Justo Ferreira tuvo directa participación en negociaciones de importación y fijación de precios, quien si bien no es socio de Imedic, es representante legal de sociedades anónimas Metaway y Glasgow, empresas que conforman la firma Imedic.
CONTRABANDO
Dicha empresa, cuya titular es Patricia Ferreira –actualmente procesada por un caso similar– importó 450 camas de terapia intensiva, de las cuales 400 son mecánicas y 50 electrónicas.
Lo que se descubrió es que esas últimas 50 se omitieron en informar en la primera guía aérea y tampoco fueron registradas en Dinavisa. Esas mercaderías no reunían los requisitos para la importación, según determinó la Fiscalía.
Recién al momento de la verificación habrían utilizado el documento original que debía ser usado desde el inicio, ya que en él figuraban el lote total de camas.
En este proceso habrían tenido participación los funcionarios de Aduanas, también imputados, Carlos Gamarra, despachante; Guillermo Molinas, administrador; Gustavo Acosta, subadministrador, y Mario Olmedo, funcionario de la División de Visturía.
Por último, fue procesado un agente de transporte y presidente de Eximcargo, Lauri Marcio Pohl.
Según el fiscal Legal, los imputados “produjeron un documento para darle una apariencia legal e introducir esas mercaderías dentro del país, por lo que solicitamos la prisión preventiva de todos”.
ESTAFA Y DAÑO
Luego de que la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC) haya determinado que no existe daño patrimonial porque se pagó la póliza de seguro, la Fiscalía ayer informó que ese hecho punible no está fuera de la investigación todavía, y analizan responsabilidades.
Se estudian 1.700.000 mascarillas que habrían llegado desde el país asiático, sin cumplir con las especificaciones del pliego de bases y condiciones.
“En esta investigación no dejamos afuera a nadie todavía y seguimos investigando también a funcionarios del Ministerio de Salud. Dentro del pliego de bases y condiciones se solicitaron un tipo de mascarillas y ellos (Imedic y Eurotec) entregaronn un tipo que dicen ser de igual calidad; es ese cotejo técnico el que necesitamos antes de tomar una decisión”.
Destacó que se requirió la colaboración de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, para hacer comparación en cuanto a las normas técnicas de fabricación de esas mascarillas.
Juez espera imputación
El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás fue sorteado para entender en la imputación contra el clan Ferreira. No obstante, hasta pasadas las 13:00 de ayer, la imputación en formato papel no llegaba al Juzgado, por lo que no se pudo estudiar el pedido.
Según fuentes del Juzgado, en la Fiscalía les informaron que recién en horas de la tarde iban a llevar la imputación, por lo que iba a ser presentada en la Secretaría de Atención Permanente, por lo que recién esta mañana será remitida al Juzgado para su estudio.
Lo raro es que la Fiscalía, ya desde las 6:00 de la mañana, informó por sus redes sociales que había imputado al clan Ferreira y solicitó la prisión preventiva. No obstante, si bien sorteó el expediente y fue presentado en formato digital, el juzgado recién lo estudia cuando se presenta junto con las evidencias en formato papel, lo que no se hizo.