Se trata del ministro de Educación y Ciencias Eduardo Romalino Petta San Martín, quien no declaró que cuenta con 7 inmuebles en Honenau, indica la auditoría hecha por el ente encargado del análisis y correspondencia de bienes.
En tanto la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo omitió, en base en sus declaraciones juradas, algunos inmuebles que se encuentran registrados a su nombre, como así también bienes de su cónyuge, esto teniendo en cuenta a que está casada sin separación de bienes, resalta el escrito.
También fue denunciada la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz por tener un aumento considerable en el rubro de inmuebles, que si bien se corroboró que se trata en parte por plusvalía, hubo de igual manera inconsistencias al verificar la declaración jurada con los informes de las diferentes instituciones públicas y privadas, añade el organismo constitucional.
En lo que respecta al ministro de Desarrollo Social Mario Varela dicho órgano de control constató una variación entre su correspondencia de bienes declarados y los ingresos percibidos (460 millones de guaraníes).
El titular del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand también se encuentra en la lista negra de la Contraloría, el informe preliminar resalta que se confirmó que no existe veracidad de su declaración jurada, aunque no señala mayores detalles.
Finalmente Denis Lichi quien fue sacado del Ministerio de Agricultura y Ganadería hace un mes y Sergio Barrios (funcionario del Instituto de Previsión Social, comisionado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como director general) tampoco consignaron los datos de todos sus bienes.
El titular de la Contraloría Camilo Benítez explicó que los informes fueron enviados a la Cámara de Senadores, ya que los legisladores solicitaron los exámenes de correspondencia. Sin embargo enviaron al Ministerio Público para que inicie una investigación, ya que se encuadraría el hecho punible de declaración falsa de conformidad a la legislación penal vigente.
Por otra parte en el marco de una firma de convenio entre la Fiscalía y la Contraloría para coordinar acciones en contra de la corrupción, la fiscala general, Sandra Quiñónez, informó que el Ministerio Público será auditado por primera vez por la órgano fiscalizador.