La Fiscalía intimó a las universidades Sudamericana y Leonardo Da Vinci, donde cursaron supuestamente la carrera de Derecho los legisladores Hernán Rivas y Orlando Arévalo, respectivamente, para que informen, en un plazo de cinco días, sobre los antecedentes académicos del senador y del diputado, quien además es presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ya que ambos están bajo sospecha por supuestos títulos universitarios falsos.
La fiscala Patricia Sánchez fue la que remitió la intimación a ambas sedes educativas para que detallen el año en que se inscribieron los afectados, cuánto tiempo duró la carrera y en qué año culminaron.
Además, solicitó una copia autenticada del certificado de estudios de ambos políticos, copia autenticada de registro de asistencia de los legisladores, entre otros pedidos.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl diputado de Honor Colorado Arévalo es actualmente juez de jueces, ya que está al frente del JEM, a pesar de que la autenticidad de su título de abogado está en duda.
Mientras que el senador Rivas, perteneciente a la misma nucleación política, también formaba parte del Jurado como representante de la Cámara de Senadores, pero en la actualidad se encuentra con permiso ante el escándalo de los títulos.
Sus colegas presentaron, incluso, un proyecto de declaración que solicitaba su renuncia al cargo “por su notoria falta de idoneidad y honorabilidad para desempeñar tan delicadas funciones”.
El ingeniero Luis Alberto Lima, presidente de la Asociación de Universidades Privadas, había señalado que tanto la universidad Leonardo Da Vinci como la Sudamericana, donde habrían estudiado Arévalo y Rivas, no forman parte de dicha organización, por no cumplir con requisitos mínimos.
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En el 2020 se realizó una denuncia penal en la Fiscalía para que se investigue la veracidad del título de Hernán Rivas, que fue presentada por el abogado Federico Campos López Moreira.
Este año, la fiscala Casse Giménez solicitó al Ministerio Público que se investigue a los legisladores por delitos como producción de documentos no auténticos, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y uso de certificados de méritos y servicios de contenido falso.
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En el escrito se señala que las universidades que otorgaron los títulos no se hallan acreditadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ni por la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes).
