El primer desembolso realizado el 28 de diciembre fue de USD 1.000.000, o su equivalente en G. 6.382 millones; mientras que el segundo, realizado el 1 de mayo de 2021, fue del mismo valor.
Así también, se solicitó el legajo documental correspondiente a cada uno de los desembolsos que habrían sido realizados por parte de la Gobernación de Alto Paraguay, referentes a los recursos detallados anteriormente.
Nepotismo. En la misma causa solicitó varios legajos licitatorios, entre los cuales se encuentra el caso de la casa de lubricantes Caval, adjudicada por la Gobernación para construir una planta purificadora de agua por G. 800 millones, y que está a nombre de Sergio Castillo, hijo del jefe de Recursos Humanos de la institución, Claudio Castillo.
Asimismo, pide el legajo de desembolsos realizados en virtud a la Ley N° 6038/2018 “Que declara en situación de emergencia al Dpto. del Alto Paraguay. Mediante esta ley la Gobernación recibió fondos para hacer frente a incendios forestales.
Contrató a la pareja de su jefe de Recursos Humanos, Pablina Valdez Maldonado, para obras de “cortafuegos”, que ganaderos de la zona habían denunciado que no se realizaron. El monto que pagó la Gobernación de Mino Adorno fue de más de G. 600 millones.
Una comitiva de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, semanas atrás, realizó un recorrido por cada localidad, incluso comunidades indígenas del departamento chaqueño para verificar las obras ejecutadas y en etapa de construcción por la Gobernación, dentro del marco de la investigación que está a cargo del agente del Ministerio Público Ledesma.
Imputación. La Fiscalía cuenta con suficientes elementos para una imputación a José Domingo Adorno, quien se postula para la diputación, y que candidata a su esposa Silvana Fretes para ocupar el cargo que dejará.
Los ediles que cuestionan al jefe departamental son Iván Acuña, Erasmo Rodríguez, Ricardo Duartes Filho, que son del Partido Colorado, y Nicolás Feltes Bagnoli, del Partido Encuentro Nacional, que formularon la denuncia por varias supuestas irregularidades y exigen la investigación y que se realice la imputación por lesión de confianza.
Persecución política
El gobernador Adorno, por su parte, dijo que está acostumbrado a ser investigado por las cámaras de Diputados, Senadores, Junta Departamental, Auditoría del Poder Ejecutivo, Fiscalía. “No tengo nada que ocultar, varias veces la propia Contraloría hizo investigación; no encontraron nada, no hay daño patrimonial ni malversación”, aseguró.
Además, restó importancia a la denuncia de los concejales departamentales y menciona que es una persecución política, en su gobierno goza de la confianza de la gente, y es una buena oportunidad para demostrar que su administración la mejor que sus antecesores, refirió.
