La apertura de la investigación se da con base en el informe remitido por la Seprelad que hace referencia al presunto esquema ilegal de inversiones que supuestamente movió unos USD 60 millones sin despertar las alarmas en el sistema financiero.
Asimismo se dispuso que los fiscales de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, sean los encargados de investigar el caso.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que se inició una investigación por un presunto millonario esquema piramidal que afectó a varias personas y dejó millonarias pérdidas. El informe se remitió a la Fiscalía.
Arregui aseguró que podría estar llegando a un monto en torno a USD 60 millones. Adicionalmente, comentó que los hechos observados de momento en el asunto configuran hechos punibles.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppRelacionado: El esquema habría movido USD 60 millones sin saltar todas las alarmas
De momento se apunta como responsable al empresario Luis Arza, aunque también confirmó que una de las hipótesis principales es que exista un vínculo con Ramón González Daher (RGD), recientemente condenado a 15 años de prisión.
Según versiones extraoficiales –de momento no confirmadas por las autoridades–, Luis Arza supuestamente llegó a ser deudor de Ramón González Daher y en algún momento habría pasado a operar dentro de su presunto mecanismo de usura, para así pagar su cuenta.
Por otro lado, en el esquema que es sindicado como estafa piramidal, se cree que Arza juntaba dinero de inversionistas vía cheques y los documentos iban a parar a manos de RGD, a cambio de efectivo.
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Como parte de la filtración del supuesto esquema de Luis Arza, en las redes sociales se publicó una lista de personas y entidades aparentemente afectadas, entre ellas bancos y financieras.
Fuentes del sistema financiero confirmaron a Última Hora que muchas de ellas efectivamente concedieron préstamos al empresario; sin embargo, indicaron que estas operaciones no se encontraban en situación de mora y que, en caso de no cobrarse, contaban con garantías y previsiones. Asimismo, aseguraron que los montos que fueron difundidos en las redes, al menos en el caso de las empresas bancarias y financieras, fueron exagerados, aunque no revelaron más detalles.
