Se presume que poderosos políticos, altos miembros del Poder Judicial, importantes estudios jurídicos y empresarios están detrás de esta rosca mafiosa. Sin embargo, hasta el momento poco y nada se avanzó en la investigación de los casos que afectan a miles de víctimas, cuyos salarios fueron embargados con descuentos compulsivos mediante juicios que se ejecutaron en distintos Juzgados de Paz, con pagarés ya cancelados o de contenido falso.
Para el abogado Guillermo Ferreiro, la mafia de los pagarés “es todo un esquema institucional para joderle a la gente”, que sigue operando ante la tibia intervención de la Corte. “Es un cáncer que hizo metástasis”, expresó. También resaltó Ferreiro que “la Corte tiene demasiada responsabilidad” y que “ahora dispone una auditoría de reacción inmediata ante el escándalo mediático que hubo”.
Esto teniendo en cuenta que la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hace poco suspendió ascensos y nombramientos de funcionarios de todos los Juzgados de Paz de la Capital y la Contraloría inició un examen de correspondencia de los bienes de todos los jueces de Paz y sus funcionarios, además de auditorías que poco y nada han avanzado. También se dispuso la suspensión con goce de sueldo básico de las juezas de Paz Carolina Analia Cibils, del Juzgado de Paz de la Encarnación; y Liliana González de Bristot, del Juzgado de Paz de San Roque, involucradas en el esquema.
IMPUNES. No obstante, las casas comerciales, que en su mayoría serían de maletín -supuestos negocios dedicados al rubro de electrodomésticos, pero que en verdad operan ofreciendo préstamos usurarios, según las víctimas, hasta el momento no fueron investigadas.
Es decir, la Fiscalía hasta el momento no inició una sola investigación a las casas comerciales que inician los juicios fraudulentos por el cual embargan los salarios a las víctimas, en su mayoría a funcionarios públicos, con la ayuda de las resoluciones de los jueces de Paz cómplices.
Una de las empresas identificadas y denunciadas por las víctimas es la firma Vanessa y Asociados SA, que está a nombre de Julio César Paiva y Mirtha Methel. Según denuncias, esta firma promovió cientos de denuncias en los Juzgados de Paz, bajo el patrocinio de la abogada Zully Ortíz García, que ya fue sancionada por la Corte en el 2023 justamente por este tipo de prácticas.
Lo que llama la atención es la manera ostentosa en la que se muestran los familiares del matrimonio Paiva y Methel en las redes sociales. En especial su hijo Julio Paiva Methel, quien a su vez es dueño de la firma JPM Company, que se dedica al mismo rubro de la firma de sus padres.
En su perfil de TikTok, Paiva Methel pública videos de fajos de dinero, presumiendo en su camioneta 4x4. También se muestra adquiriendo un lujoso vehículo 0 km o mostrando lo fastuoso de la fachada de su vivienda de cuatro pisos, con un aire de castillo o fortaleza.
“Es como que te pegan por la cara cuando ves esto, después de que nos quitaron por meses nuestro humilde sueldo. Viven con total impunidad, parece que no le temen a nada. Claro, nadie hace nada, las autoridades bien gracias”, se lamentó con amargura una de las víctimas, que pidió el anonimato.
Las víctimas piden tanto a la Fiscalía como a otras instituciones del Estado, ya sea Tributaciones, Seprelad y otras, iniciar una investigación a estas casas comerciales y el origen de su fortuna. Exigen justicia y que todos los involucrados en esta estructura corrupta sean castigados.
