Con el fin de avanzar en la investigación, el fiscal Alfredo Acosta Heyn solicitó este jueves al Juzgado Penal de Garantías una orden de captura para el hombre, quien actualmente se encuentra prófugo.
Asimismo, solicitó la prisión preventiva de la madre, quien actualmente está bajo custodia en la Comisaría de mujeres, que opera bajo la jurisdicción de la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El fiscal formuló cargos contra la madre de las víctimas por supuesta complicidad en abuso sexual en niños y solicitó su prisión preventiva. Se presume que la mujer tenía conocimiento de los actos abusivos y no informó a las autoridades.
Lea más: Primer semestre: Asunción y Central registraron el 50% de las denuncias por abuso sexual en niños
La secuencia de los eventos se remonta al 6 de octubre pasado, cuando una de las víctimas, que tiene actualmente 18 años, compartió su experiencia de abuso sexual con una persona de confianza, que también asiste a la misma iglesia que ella.
La joven reveló que su padre, un pescador, solía llevar a su hermana de 14 años en sus viajes de pesca durante varios días, donde se cree que tuvieron lugar los abusos.
En tanto, la joven, quien fue víctima cuando era menor y su hermana, habían confiado a su madre sobre las agresiones sexuales, pero aparentemente no recibieron apoyo ni se tomaron medidas.
Existe una preocupación adicional, ya que las víctimas temen que el supuesto autor también haya abusado de su hermanita de 6 años, quien a menudo era llevada a estas salidas de pesca, según sus declaraciones.
Nota relacionada: Fono Ayuda registra en junio récord de denuncias de abusos en niños
La denuncia inicial fue presentada por una persona allegada a la familia, lo que desencadenó una investigación por parte de la Fiscalía.
Tras reunir elementos probatorios, el fiscal Acosta Heyn ha presentó cargos contra el presunto agresor por abuso sexual en menores y acusó a la madre de complicidad debido a su conocimiento de los hechos con sus hijas menores y la falta de denuncia ante las autoridades.
Los nombres de las víctimas y sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.