Los fiscales Eugenio Ocampos y Ángel Ramírez solicitaron ayer aplicar la pena de 300 días de multa para la activista María Esther Roa, por la supuesta violación de la cuarentena sanitaria a raíz de la manifestación anticorrupción que realizaron.
El juicio oral seguirá el próximo 2 de setiembre, a las 08:00, pero la acusada, Roa, dijo que no acudirá ese día, ya que considera que se le somete a toda una tortura sicológica, por alargar tanto el juicio oral.
Por su parte, la defensa requirió la absolución de culpa de la acusada, además de que se le impongan las costas al Ministerio Público. Alegó que era un vendetta de la Fiscalía.
También solicitó que los antecedentes sean elevados a la Fiscalía para investigar a los fiscales Ramírez y Ocampos por supuesta persecución de inocentes.
El juzgamiento público es ante los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Fabián Escobar. Dos de ellos debían estar en el juicio oral por la quema del Congreso.
ALEGATOS. En su pedido final, los fiscales señalaron que se probó que Roa se aglomeró en la manifestación, con lo que violó la cuarentena sanitaria.
Con ello, pidieron los 300 días multa. Estimaron que como la misma es abogada, ganaba unos 5 millones mensuales, pero se conformaron con que la misma pagara la suma de G. 8.035.695.
Por su parte, la defensa, a cargo de los abogados Guillermo Ferreiro y Sary Hellmann, sostuvieron que no se configura el hecho punible, que los decretos presidenciales no pueden crear delitos.
Con ello, pidieron la absolución de culpa y pena. Además, señalaron que la Fiscalía presumió los ingresos de la acusada sin siquiera tomarse el trabajo de pedir un informe de sus impuestos.
