La fiscala Victoria Acuña pidió la pena de 6 años de cárcel para el ex contralor Óscar Rubén Velázquez y para la ex subcontralora Nancy Torreblanca, en el caso conocido como de la secretaria vip.
Para los demás coprocesados, se requirieron las condenas de 3 y 2 años de encierro. El caso deriva de una investigación publicada por ÚH.
Esto, en el juicio oral que se lleva adelante ante las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Mercedes Aguirre, quienes declararon un cuarto intermedio hasta el próximo martes, a las 8.30, cuando las defensas de los procesados presenten sus alegatos finales.
Sin embargo, no se podrá dictar sentencia, porque existe aún una excepción de inconstitucionalidad que se tramita.
En sus alegatos, la agente del Ministerio Público requirió penas de 3 años de cárcel para los ex directores Roberto García, Luisa Almada y Celia Cardozo, que responden por cobro indebido de honorarios.
Con respecto a los funcionarios de la Contraloría, Liz Paola Duarte (conocida como la secretaria vip), Reinaldo Gadea, Horacio Coelho de Souza, Alicia Acevedo, Richard López, Leonardo Núñez, Pedro Jara, Hugo Medina y Ana María Monges, solicitó 2 años de encierro. Todos ellos están procesados por cobro indebido de honorarios.
La fiscala Acuña dijo que Velázquez, en su función de contralor, y Torreblanca, como subcontralora, acusados por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible, hicieron posibles los pagos de salarios y horas extras a favor de los funcionarios, pese a que no prestaban servicios a la institución.
Conforme señaló la representante del Ministerio Público, los pagos realizados por el Estado le ocasionaron un perjuicio patrimonial por la suma de G. 1.528.006.129, entre los años 2014 y 2015.
excepción. Por otro lado, el tribunal le corrió vista a la Fiscalía General del Estado de la excepción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de la ex subcontralora.
Si es que no existe una resolución de la Sala Constitucional de la Corte, no se podrá dictar una sentencia en la causa.
Con ello, lo más probable es que las juezas extiendan lo más posible los alegatos finales de los encausados, de modo que se pueda dar tiempo a los ministros de la Sala Constitucional a dictar una resolución.
El juicio se inició hace varias semanas, teniendo en cuenta la cantidad de acusados, testigos y documentos que existen en la causa.
En la misma declararon varios funcionarios de la Contraloría General, quienes explicaron principalmente el proceso de control y pago de las horas extras.
Según la acusación, se realizaron desembolsos de dinero por horario extraordinario a funcionarios que no estuvieron realizando trabajo alguno.
Además, también hubo pagos para personas que no tenían títulos universitarios, conforme con la acusación presentada por la representante de la sociedad.
