Ahora, el magistrado deberá remitir el pedido a la Cámara de Diputados para que Acosta pueda ser despojado de sus fueros parlamentarios. Hasta tanto, el político no podrá ser procesado por el caso.
La imputación de la fiscala Acuña señala que cuando se desempeñó como titular de la INC Acosta benefició indebidamente a distribuidoras de cemento que pertenecían a familiares de funcionarios de su administración.
Con relación a los otros cinco imputados, entre ellos el también ex presidente de la INC, Carlos Krüssel Llano, el Ministerio Público decretó la detención de todos y solicitó su prisión preventiva.
La fiscala argumentó su pedido señalando que el delito por el cual fueron imputados, administración en provecho propio, tiene una pena de hasta diez años de prisión y es considerado como un crimen. La ley establece que no se pueden dictar medidas alternativas a la prisión preventiva a los imputados por crímenes.
LOS HECHOS. La investigación determinó que Acosta y Krüssel habilitaron para operar como distribuidoras oficiales de cemento a cuatro empresas que no reunían los requisitos para hacerlo: Grupo Emprendimiento Norte SA, Recanto SA, la distribuidora de Herminia Raquel Quevedo y Emfraga SA.
Además fue beneficiada con una importante cantidad de bolsas de cemento Ferretería Internacional SA. La mayoría de estas firmas pertenecen a familiares de José Coelho de Souza y Luis Emilio Galeano Maldonado, ex gerente comercial y ex jefe de marketing de la INC, respectivamente. Además de estos dos, también fueron imputados los ex funcionarios Francisco Aveiro y Óscar Acosta Martínez.