El pedido fue formulado por los fiscales Hernán Galeano, Marlene González y Clara Ruiz Díaz. Ahora, el juez penal de Garantías Alcides Corbeta debe convocar a las partes para una audiencia preliminar en la que va a decidir si efectivamente sobresee definitivamente a Báez o bien remite el caso a la Fiscalía General, para que rectifique o bien ratifique su pedido.
El argumento de los fiscales es que el atropello en sí no fue ilegal. Esto sigue el mismo argumento de los policías que intervinieron aquella noche, quienes aseguran que ingresaron al partido en persecución a manifestantes violentos en flagrancia.
La imputación sostenía que Báez impidió a Diego Garcete, otro joven liberal, auxiliar a Quintana, bajo amenazas de dispararlo con su escopeta. Al respecto, el pedido fiscal señala que Báez actuó bien al ordenar a los presentes que hagan cuerpo a tierra y que no se pudo probar que Báez haya apuntado su escopeta a Garcete. A raíz de todo esto, afirman ahora los fiscales, no hay elementos para procesar al policía por coacción.
“LE DEJAN AFUERA”. “Le imputaron solamente por coacción, porque no le dejó a Garcete auxiliarle a Rodrigo Quintana y no se le imputó nunca, pese a que pedimos por todas las evidencias, por su complicidad en el homicidio de Rodrigo, porque el que patea la puerta para que entre Gustavo Florentín es él. Así le dejan afuera a Báez y ya no va a poder ser procesado por nada”, comentó ayer Guillermo Duarte, abogado de la familia de Rodrigo Quintana.
El profesional cuestionó que la Fiscalía haya decidido desvincular también del caso al comisario Tomás Paredes Palma, el jefe policial a cargo del operativo aquella noche. Gustavo Florentín, el policía que presuntamente mató a Quintana, sí fue acusado por la Fiscalía por homicidio.
