El recurso de apelación especial fue presentado ante el Tribunal integrado por los jueces Víctor Alfieri, Darío Báez y Alba González, en contra de la resolución del 21 de diciembre pasado, que absolvió a los dos acusados.
Javier Díaz Verón estaba acusado por supuesto enriquecimiento ilícito por un monto de G. 10.495.174.320, para quien la Fiscalía pedía 8 años de cárcel, y su esposa María Selva Morínigo, acusada de lavado de dinero, para quien pidió 5 años de cárcel.
Los jueces habían entendido que no se probaron los hechos y los absolvieron. Es más, incluso, habían remitido los antecedentes para investigar por falso testimonio a los peritos de la Fiscalía, Mateo Nakayama y Javier González.
Si bien su recurso fue presentado durante la feria, ya que corren los plazos procesales del fuero Penal, el mismo sería tramitado ya en los primeros días de febrero de este año, con el traslado a las defensas.
ARGUMENTOS. En su escrito de 64 páginas, las fiscalas sostienen que hubo errónea aplicación del procedimiento. En principio, atacan el rechazo del pedido de incluir el informe técnico y la declaración del perito Gregorio Presentado.
Además, sostiene que en la resolución, los jueces no valoraron las declaraciones testificales que se dieron en el juicio, a más de los otros medios de prueba.
Dicen que el Tribunal se apartó de las reglas de la lógica con respecto a las pruebas producidas. Además, que no se fundamentó los motivos por los cuales no valoraron las testificales y documentos. Citan incluso los testigos.
Asimismo, las fiscalas hablan de que los argumentos de los jueces fueron contradictorios, con respecto a un elemento decisivo como fue la pericia del arquitecto Mateo Nakayama.
También habla de la fundamentación insuficiente y aparente, con relación al informe pericial contable del Lic. Javier González. Dicen que los jueces tomaron su pericia “como un artilugio de persecución en contra de los acusados“.
Hablan también de que hubo errores materiales como la subsunción del hecho punible. Es decir, dicen las fiscalas que los jueces indicaron que para que haya enriquecimiento, primero debía haber otros delitos como tráfico de influencias, lesión de confianza, etc., lo que es rechazado.
Al final, defienden su trabajo y a sus peritos. Piden anular el fallo y que se disponga el reenvío para un nuevo juicio oral.
