Los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez, quienes investigan el daño cometido días atrás por tres mujeres en el Panteón Nacional de los Héroes, solicitaron a las casas comerciales las filmaciones de los circuitos cerrados, a los efectos de obtener un mejor panorama de todos los participantes.
El objetivo además es estudiar la conducta del personal policial que se encontraba en el lugar, según explicó el fiscal Ramírez.
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Por su parte, el fiscal Centurión indicó que trabajan de manera coordinada con el Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional y que este lunes y este martes realizaron dos allanamientos en lugares de referencia, debido a que las personas involucradas no poseen domicilio fijo.
Refirió que las tres mujeres identificadas como Mariangela Guidito Abdala Carísimo, Paloma Chaparro Panimboza y Giselle Noemí Ferrer Pasotti cuentan con documentación paraguaya, pero sin domicilio fijo y que en uno de los lugares habría estado hace 15 días aproximadamente.
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Además, solicitaron una serie de oficios y piden la colaboración de la ciudadanía que cuente con datos o referencias para encontrar a las personas buscadas, informó el Ministerio Público.
El caso
El Panteón de los Héroes fue escenario de una protesta que se llevó a cabo el sábado pasado por la muerte de dos niñas en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Yby Yaú, Departamento de Concepción.
La movilización derivó en actos vandálicos en el lugar, también pintatas en los muros del monumento y la quema parcial de una bandera paraguaya.
Por este hecho, la Fiscalía identificó como supuestas responsables de los daños a tres mujeres identificadas como Mariangela Abdala Carísimo, Paloma Chaparro y Gisselle Noemí Ferrer Pasotti.
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Las mismas fueron imputadas por la presunta comisión de los hechos punibles de daños a bienes de patrimonio cultural, perturbación de la paz pública y violación de la cuarentena sanitaria.
En lo que respecta al artículo 41 de la Ley 5621/16 de Protección al Patrimonio Cultural, se prevén penas hasta 10 años de cárcel, por lo cual la Fiscalía solicitó medidas de prisión preventiva.
Sobre las tres personas pesan órdenes de detención, que fueron remitidas a la Policía Nacional.