El Ministerio Público reasignó a un mismo equipo la denuncia presentada en Ciudad del Este y la que realizaron los senadores. El caso queda en manos de los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), encabezada por Soledad Machuca.
Se unificaron las dos denuncias; la primera que fue presentada en Ciudad del Este, por Celso Kelembu Miranda y Jorge Brítez, que obrara en la Unidad Fiscal N° 10 de Ciudad del Este.
Se solicita el envío del expediente al equipo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), integrado por Natalia Cacavelos, Luz Guerrero y Luis Piñánez. La causa titulada “Personas innominadas sobre lesión de confianza y otros” fue presentada el 10 de marzo en Alto Paraná.
El equipo de investigación estará a cargo de la fiscala María Soledad Machuca, quien tendrá la asignación de la acción penal presentada por un equipo de senadores.
Según el documento del Ministerio Público, la Dirección de Delitos Económicos analizó la denuncia formulada por los legisladores Mauricio Espínola, Raúl Benítez, Ignacio Iramain Chilavert, Sergio Rojas Sosa, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, por los supuestos hechos punibles contra el patrimonio y otros, con relación a antecedentes de la Licitación Pública Nacional para la adquisición de mobiliarios pedagógicos y la denuncia presentada ante la Unidad 10 de Ciudad del Este con lo que estableció que ambas denuncias se relacionen.
Denuncias. Las iniciativas legales referían que en la licitación de la Itaipú por USD 32 millones para la provisión de muebles escolares se habría sobrefacturado un 700%. Además, se enumeraron sospechas contra el proveedor adjudicado, la firma Kamamya, señalando que presentó una inscripción al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que no estaría vigente. El 10 de marzo, el ex diputado Jorge Brítez y el ex concejal Celso Kelembu Miranda presentaron la denuncia penal por los hechos punibles de lesión de confianza, contra la prueba documental, estafa y otros.
Mientras que el 17 de marzo, los senadores del bloque opositor presentaron indicios de los mismos posibles hechos punibles, dirigiéndose al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El Ministerio Público habría asignado la causa a María Soledad Machuca, de la UDEA.
Los reclamos en torno a las irregularidades saltaron en diciembre de 2024 cuando la binacional presentó el llamado con especificaciones técnicas en las que solicitaban materiales de origen chino.
