Tal como afirmó el –hasta ayer– titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, después de haber superado el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el país debe seguir con un estricto proceso de evaluación, y “no hay que conformarse”, pues se debe recuperar la credibilidad de las instituciones.
No caben dudas de que el fenómeno del lavado de dinero crece día a día en la región y en el país; este es un delito que tiene muy negativas consecuencias pues distorsiona las economías y fomenta el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
Si bien Paraguay logró quedar fuera de la aterradora lista gris, es obligación tomar nota de los ítems en los que se ha obtenido la peor calificación, ese debe ser el enfoque. En este sentido, al dar una calificación de “bajo” en un aspecto, significa que ese debe ser con urgencia mejorado.
El informe de Gafilat señala que si bien Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico “acorde” para el combate del lavado de activos, el número de las investigaciones realizadas de lavado de dinero como delito autónomo, en general, es visto como reducido. Paraguay avanzó en los últimos años, mejorando el marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos, sin embargo esto solo no es suficiente ya que las evaluaciones no se limitan a analizar la actualización de las normas, sino particularmente su implementación.
De acuerdo con los datos, entre los años 2015 y 2021, fueron dictadas un total de 28 sentencias de lavado de activos, todas ellas basadas en informes de inteligencia financiera confeccionados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Sin embargo, este número resulta desproporcionado a la cantidad de informes de inteligencia financiera hechos por Seprelad, que alcanza los 750. Asimismo, de las casi 30 sentencias condenatorias alcanzadas por lavado, sobresale que solo 45 personas fueron condenadas, y que en la mayoría de los casos no había esquemas complejos de legitimación de activos.
Gafilat exige a Paraguay investigar más casos de lavado de activos autónomo, pues las sentencias presentadas por el país en su gran mayoría refieren al lavado de activos en concurso con un delito fuente. También requiere fortalecer la cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y otras instituciones para garantizar que las investigaciones se conviertan en más investigaciones y sentencias de lavado de activos a tono con las amenazas internas y el perfil del riesgo de lavado de activos.
Debe valorarse la importancia de este informe, pues si Paraguay era incluido en la lista gris, pasaría inmediatamente a ser relegado y excluido, lo que equivaldría a numerosas dificultades para hacer negocios tan simples como remitir dinero para compras de alimentos, y cualquier tipo de transacción financiera estaría permanentemente bajo la lupa.
Es pues momento de analizar las debilidades a partir de este informe. La realidad que ha expuesto Gafilat no puede disimularse: el aplazo de la Fiscalía y de la Justicia en la lucha antilavado y que se exigen más resultados al respecto. Queda claro que en el Paraguay no solamente es muy fácil realizar negocios y transacciones ilícitas, y que pese a contar con un actualizado marco jurídico, poco se hace para perseguir y condenar el delito de lavado.
Urge que tanto Fiscalía como Justicia asuman la responsabilidad que les corresponde y emprendan las acciones que permitan al país mejorar su institucionalidad. Todos vamos a ganar si Paraguay deja de ser presentado como una cueva de delincuentes o un paraíso de la corrupción, el narcotráfico y el lavado.
