Pese a que los trabajos de construcción no fueron culminados aún, las empresas que han sido adjudicadas por el MEC para verificar estos trabajos ya no quieren avanzar. En caso de seguir controlando las edificaciones, desean cobrar un 20% más sobre el contrato establecido, según denunció ayer el ministro de Educación, Eduardo Petta, en contacto con la 780 AM.
El monto de más a cobrar alcanzaría los USD 800.000 (G. 4.744 millones), de los más de G. 21.000 millones adjudicados a las siete firmas (USD 3.567.705).
“Vamos a dejar de hacer negociados con la educación, es un negociado entrar a fiscalizar y no cumplir con el contrato establecido con el Estado”, apuntó el titular del MEC.
El secretario de Estado plantea ahora inclusive demandar a los consorcios.
Representantes de las empresas, en contacto con Última Hora, aseguraron que prefieren recurrir al ámbito legal y que ahí se defina quién tiene la razón.
Para el MEC, una cláusula obliga a las empresas a continuar con las tareas fiscalizadoras hasta que las construcciones o reparaciones finalicen.
Pero los fiscalizadores aseguran que el tiempo establecido en el contrato ya feneció y deben cobrar el total del monto adjudicado.
Contrataciones Públicas, ante la consulta del ministerio, respondió que las firmas deberán considerar lo estipulado en las cláusulas contractuales, es decir, ir hasta que los trabajos acaben.
Docente fiscalizador. Una de las empresas tiene como coordinador de uno de los lotes al profesor del Técnico Nacional, el ingeniero José Carlos Gorostiaga.
Es el consorcio Ingser Gorostiaga XYZ, que lleva su apellido, aunque el profesional no figura como representante legal.
Curiosamente, el docente es esposo de la viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar. La firma de contrato se dio el año pasado, antes de que Ovelar tenga vínculos con la cartera educativa.
La ley de Contrataciones establece que no podrán presentar propuestas o contratar funcionarios públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo a aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos.
