Los industriales indican en ese informe que, en el 2021, la carga impositiva percibida bajo el régimen de turismo (RT) actual fue de unos USD 136 millones, el 6% del valor imponible de las importaciones mediante este régimen. Es así que el 93% de lo percibido está compuesto por impuesto selectivo al consumo (ISC), el IVA y el derecho aduanero, “por lo que si se hubiere dado el cese de estos conceptos incurriría en una diferencia anual de alrededor de USD 48,6 millones menos de lo percibido”, explica el informe. Agrega que los impuestos, como el IVA e ISC, son tributos sin prestaciones, ni recuperables, recaudados por las entidades competentes.
El documento preparado por la UIP alega que un ejemplo claro es la importación de whisky cuya carga impositiva es, en promedio, del 29%. “Haciendo el supuesto que se redujera la carga impositiva solamente al IRE y a la tasa de valoración, la reducción en solo esta mercadería es de G. 34.615 millones a G. 6.014 millones. “Suponiendo que sí solo se le aplicara la tasa de 4,5% al valor CIF y 0,5% en concepto de valoración, se debería aumentar 5 veces la cantidad de importaciones para siquiera igualar a los valores percibidos actualmente, G. 34.615 millones”, explica.
En el caso que esta posibilidad se dé, para alcanzar al escenario 1 (ver infografía), la demanda debería ser cinco veces más. “Análogamente, la carga impositiva para todas las mercaderías establecida en la Ley 1931/19 bajo el régimen de turismo, debería aumentar en un 43% anual para equiparar lo percibido mientras que las estimaciones de crecimiento del PIB serán de 3,7% para el 2022 y de 4% para el 2023, según el Banco Central del Paraguay (BCP)”, destaca.
Legalidad. El proyecto es impracticable, asegura la UIP, porque cercena la territorialidad de tributos al consumo y los gravámenes aduaneros, por lo que habrá una ventaja comparativa de los beneficiados del régimen en relación a los demás importadores y comerciantes. Los industriales también alegan que se podría crear un caos jurídico, ya que las exoneraciones deben estar expresamente en la ley, en este caso en la 125/91 y concordantes, así como en el Código Aduanero, “y como este proyecto no es una modificación de estos, de ser promulgada va a ser recurrida ante los organismos competentes”, indican los que rechazan este proyecto.