El proyecto de ley que plantea la equiparación de los haberes jubilatorios al salario de los funcionarios en actividad, dentro de la Caja Fiscal, debe tratarse en el Senado en dos semanas y en los últimos días se intensificó el lobby por parte de los sectores afectados.
La Agremiación de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Sector Civil y el Movimiento de Acción Sindical del Magisterio Paraguayo mantuvieron reuniones con los legisladores de la Cámara Alta y dieron entrada en sesión a tres notas presionando por la aprobación del planteamiento hecho por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista).
Los gremios sostienen que la Constitución Nacional ampara la actualización de los haberes y que un aumento en lo que perciben actualmente significa mejor calidad de vida para las personas de la tercera edad.
Consideran, además, exageradas las proyecciones hechas por el Ministerio de Hacienda sobre el agotamiento de las reservas y el colapso de la Caja Fiscal. La Agremiación habla incluso de “coerción e intimidación” en las cifras previstas por la cartera que lidera el Equipo Económico.
CONTRAPROPUESTA. Ante esto, autoridades y técnicos del Ministerio de Hacienda también mantuvieron sucesivas audiencias con legisladores y asesores de los mismos para explicar la inviabilidad de la equiparación jubilatoria que plantea Martín Arévalo. Según la cartera, esto dejaría sin excedentes a la previsional pública en dos años, creando un agujero de USD 1.383 millones que deberán ser cubiertos con impuestos solo en los próximos cinco años, como sucede actualmente con los retirados de las fuerzas públicas.
Como una forma de convencimiento, Hacienda hizo una contrapropuesta a la equiparación: está dispuesta a aumentar la jubilación mínima al 50% del salario mínimo, 10 puntos porcentuales por encima de la actual.
Esto supondría entre USD 50 y USD 70 millones adicionales por año, pero financiables para la Caja Fiscal y para el Tesoro Nacional, por lo que Hacienda espera que esta idea prospere en el pleno en dos semanas.
ACTUALIZACIÓN. La propuesta del senador Arévalo prevé básicamente que las personas en situación de retiro ganen el mismo salario que los empleados en actividad. Por ejemplo, un director que se jubiló en 2002 con un salario de G. 3 millones, pasaría a percibir G. 13 millones, lo que equivale al mismo cargo en la actualidad.
El planteamiento de Arévalo indica que esta diferencia se abonará con Fuente 30 (recursos institucionales, tasas), así como con los intereses que generan las inversiones de la Caja Fiscal. No obstante, según Hacienda, como esos recursos no son suficientes, se deberán nuevamente tocar los impuestos, como ocurre desde hace años con las fuerzas públicas.
La Caja Fiscal viene cerrando desde hace varios años con déficit. Los datos oficiales indican que el saldo rojo prácticamente se triplicó desde el 2016 al 2021, pasando de los USD 62,2 millones a los USD 164,2 millones (ver la infografía).
