Finalmente, a casi un año de la intervención, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dio a conocer ayer los resultados de la auditoría realizada al proyecto Metrobús, cuyos resultados confirmaron las desprolijidades con las que se implementó el fracasado plan.
Sin embargo, el escrito elaborado por el economista Sixto Morínigo no cuantificó los daños patrimoniales causados al Estado por los malos manejos de la administración anterior, ni tampoco se identificó a los principales responsables del fallido proyecto.
Por lo pronto, el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, remitió el inerte informe a la Secretaría Anticorrupción (Senac), a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República y al Congreso Nacional en fecha 2 de agosto del corriente. Llamativamente, tras el pacto abdocartista, no se remitió el escrito al Ministerio Público para una investigación más exhaustiva.
“Haciendo un seguimiento de las actividades realizadas durante el periodo de construcción de la obra, particularmente el tramo 3, es posible afirmar que el proyecto Metrobús presentó serias desprolijidades en todo el proceso de gestión. Esto significa que la planificación, la organización, la ejecución y el control de su desarrollo exhiben notorias faltas de coordinación”, resaltó una de las conclusiones del documento.
El informe destacó además que la principal desprolijidad se vincula con la franja de dominio, cuya falta de liberación antes del inicio de los trabajos representó el principal obstáculo para avanzar, según el cronograma establecido.
“La falta de liberación de franja de dominio (LFD) generó retrasos significativos en el avance del corredor central. La situación desembocó en la suspensión del proyecto, con consecuencias en lo económico, social y ambiental, tanto para el MOPC como para la población directa e indirectamente afectada en la zona del tramo 3, punto de arranque de la construcción”.
Estas conclusiones de la cartera ya se sabían desde antes de esta auditoría. Mientras tanto, el escrito resaltó que los efectos económicos del fallido plan significaron, en primer lugar, una erogación de G. 4.274 millones destinada al pago de subsidios a los frentistas, un programa que el MOPC se vio obligado a aplicar para mitigar los daños a los frentistas.
Alegó que este monto representa un sobrecosto importante para el plan, aunque es solo uno de los que deberá afrontar la actual gestión. “La siguiente erogación se vinculará con la construcción de un nuevo sistema de desagüe pluvial en el tramo 3, donde el existente –realizado por Mota-Engil– resulta insuficiente para las necesidades actuales, pues su diseño se basó en un estudio hidrológico desactualizado.
Aseveró que a esto se suma el reclamo de la contratista, de USD 18 millones, en concepto de retraso por la falta de liberación de la franja de dominio y señaló otros costos extraordinarios, casi imposibles de cuantificar a los frentistas.
La auditoría también criticó la inclusión de la zanja técnica al proyecto inicial (para cableado subterráneo), lo que generó más dificultad a las obras y ocasionó sobrecostos.
