Una parte importante de la corrupción se puede combatir con el marco normativo actual. No es necesario realizar grandes reformas. Al contrario, solo falta el compromiso del Poder Ejecutivo con la ciudadanía para dar señales positivas al respecto.
Las autoridades deben superar el discurso de que para combatir la corrupción son necesarios cambios normativos. Ese discurso tiene al menos 20 años. El problema no son las normas, sino la falta de valentía para hacer cumplir las existentes y evitar la impunidad desde el propio Poder Ejecutivo.
Una situación similar ocurre con el cambio climático y la adopción de tecnología. La mitigación y la adaptación al cambio climático pueden empezar con cuestiones sencillas, pero con gran impacto en la población en el corto plazo.
Por ejemplo, una buena política dirigida a la agricultura familiar que aumente la infraestructura en las fincas y para el acceso a mercados aumentaría la oferta de alimentos y contribuiría a reducir la inflación. Con esto se disminuiría la caída de los salarios reales y la pobreza rural y mejoraría la salud nutricional de la población.
Paralelamente, se limitaría la necesidad de importar alimentos que son básicos para la cultura gastronómica nacional y con ello la presión en el tipo de cambio.
Estas medidas que beneficiarán al 90% de la población y, especialmente a trabajadores y a la niñez paraguaya, no exigen mayores transformaciones, ya que el país cuenta con instituciones con competencia y experiencias exitosas en el pasado. Solo falta la voluntad de favorecer a la mayoría y no solo a sectores minoritarios que lucran con la falta de políticas de este tipo.
Pero además esos no son los únicos desafíos y ni siquiera pueden señalarse como los más importantes. Hay otros que son igualmente relevantes si el gobierno se pone en el lugar de la población paraguaya, como el acceso a salud y educación que forman parte del capital humano y son determinantes de la productividad. La inversión en tecnología sin capital humano no tendrá efectos y terminará siendo un gasto sin resultados.
La falta de implementación de políticas de calidad se debe en muchos casos a problemas que son posibles de resolver en el ámbito del Poder Ejecutivo. Los informes del Fondo Monetario Internacional son muy claros en los desafíos que enfrenta Paraguay y hace referencia a estas medidas esenciales.
Un análisis pormenorizado de estos documentos y del marco institucional paraguayo nos muestran que podemos avanzar enormemente con la institucionalidad existente. Hay que empezar por aumentar el compromiso y la responsabilidad de funcionarios públicos.
Las dos últimas semanas la prensa ha mostrado la indiferencia del sector público. La falta de control de los lugares que atienden niños y el dolor de la enfermedad, la mala praxis y de la muerte en el sistema de salud son algunos de los eventos que reflejan el deterioro de la gestión pública. No se utilizan estos casos extremos para implementar medidas que cambien la situación; sin embargo, la ciudadanía financia con sus impuestos los salarios de los funcionarios.
Mejorar la gestión pública para mejorar la calidad de vida de la población es el desafío más importante y no requiere de reformas importantes, solo valentía, voluntad y compromiso.