La mala administración de las tierras públicas –lo que es reconocido por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)– es la causa de una amenaza de desalojo en 800 asentamientos campesinos de un total de 1.200, motivo por el que la Federación Nacional Campesina (FNC) lleva a cabo hoy, desde las 8.00, una movilización en diferentes puntos del país, reclamando soluciones a problemas puntuales y el cese de la represión por parte del Gobierno.
Dirigentes campesinos aclararon que agotaron las instancias de gestiones y presentaciones de propuestas de solución, pero las instituciones del Estado ignoraron sus reivindicaciones, por lo que decidieron recurrir a esta medida de fuerza, de forma pacífica, como característica de la que la FNC, que lleva 28 años en la lucha por la tierra, no quiere desprenderse, pese a acusaciones de las autoridades y del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de supuesta desestabilización.
Son ocho los puntos de concentración previstos en Asunción (Plaza O’Leary), San Pedro (Liberación), Caaguazú (Toro Blanco), Canindeyú (Jasy Kañy), Guairá (Mbocayaty), Misiones (Santa Rosa), Concepción (Horqueta) e Itapúa, (Alto Verá).
El presidente del Indert, Mario Vega, informó que existe una deuda de más de USD 71 millones por adquisición de tierras. Muchos de los propietarios no son pagados hace años y ahora advierten con judicializar para recuperar los inmuebles, donde ya las comunidades campesinas se asentaron y desarrollaron su forma de producción.
La líder de la FNC, Teodolina Villalba, indicó que las movilizaciones serán masivas y con cierres de rutas en todo el país, menos en capital, donde no habrá más de 200 personas provenientes de los departamentos de Central y Paraguarí, para dar explicaciones y hacer volanteadas.
La preocupación principal actualmente, indicó Villalba, es la incertidumbre y zozobra en la que viven los labriegos, ya que en cualquier momento pueden ser desalojados. “El 80% de las comunidades campesinas van a desaparecer, qué significa eso, más hambre, más miseria”, expresó.
El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo que no permitirá los bloqueos.
La FNC, a través de sus dirigentes, expuso el caso de una comunidad indígena en Jasy Kañy, a la cual el Estado había entregado tierras en la zona, pero apareció un nuevo dueño y tuvieron que ser desalojados de forma violenta.
Villalba explicó que eso podría pasarles a los campesinos, ya que los desalojos se hacen sin investigación, porque el Indert no termina de pagar las deudas y los dueños recurren a la Fiscalía y luego a un juez, que otorga la orden, entonces los labriegos –que en algunos casos llevan 20 años asentados– quedan sin nada.
Un caso también señalado por la FNC es el del asentamiento Crescencio González, que comenzó a desarrollarse hace 15 años, según comentó Villalba, donde el Indert terminó de pagar, pero apareció otro propietario luego de siete años del finiquito del título.
La líder campesina recordó que cuatro personas murieron en la lucha por esas tierras y la FNC propuso que sea un asentamiento nuclear porque consideraron que eso favorecería el desarrollo del lugar.
La movilización campesina mantiene confrontados a la FNC y al Gobierno. Los labriegos denunciaron que existe persecución, luego de conocerse que el Ministerio Público anunció la conformación de un equipo asignado para la movilización, y que, además, la Policía Nacional se prepara para despejar los cierres de rutas. Arnaldo Ayala, de la FNC, responsabilizó al Gobierno por cualquier hecho violento.
Pagarán solo 35% de tierras
El presidente del Indert, Mario Vega, manifestó que para el Presupuesto del 2020 se tiene previsto el pago de deudas por 3.580 hectáreas, que suma G. 47.000 millones, lo que corresponde solo al 35% de la deuda contabilizada.
La deuda total por adquisición de inmuebles supera la suma de USD 71 millones.
De esa cifra, más de USD 32 millones (alrededor de G. 207.000 millones) corresponden a las deudas contabilizadas, que tienen que ver con las tierras que fueron adquiridas y transferidas en favor del Indert por parte del dueño.
En tanto que las no contabilizadas, que son las adquiridas por expropiaciones, ascienden a USD 38 millones (cerca de G. 240.000 millones).
Las tierras que no serán pagadas requieren de algunas gestiones como tasación o están judicializadas.