29 nov. 2024

Fondos sociales de Itaipú: Oportunidad para avanzar

La renegociación del Tratado de Itaipú es una oportunidad para que el Paraguay deje atrás la corrupción y el mal uso de los recursos financieros que nos provee la Entidad Binacional. Los fondos sociales provenientes de Itaipú fueron y siguen siendo fundamentales para un país que requiere recursos para fortalecer la salud, la educación, la protección social, la ciencia y tecnología y las infraestructuras de todo tipo. El uso de estos fondos, además de ser eficiente y eficaz, debe garantizar y asegurar la transparencia de manera que la ciudadanía pueda darles seguimiento, y al mismo tiempo, es necesario que el Poder Judicial penalice rápidamente su mala administración.

A pesar de la existencia de críticas a la deficiente gestión, el país no puede negar la relevancia de los fondos sociales. Se han construido escuelas, hospitales, sistemas de agua y saneamiento. Por primera vez, Paraguay cuenta con políticas para la primera infancia y de ciencia y tecnología, con un aumento importante en las coberturas y la producción del conocimiento.

Una parte importante de estos recursos fue utilizada por el gobierno central, mientras que otra parte por los municipios y las gobernaciones. Los primeros, están relativamente controlados y son transparentes y pueden ser monitoreados y, de hecho, son monitoreados por la ciudadanía. La mayoría de los programas financiados a nivel central están sujetos a evaluaciones y en todos los casos se cuenta con resultados cuantificados en indicadores.

Los segundos –transferidos a municipalidades y gobernaciones–, en cambio, son opacos y, si bien no existen evaluaciones, pero informes de la Contraloría y otro tipo de reportes dan cuenta acerca del uso inadecuado y por fuera del marco legal. Es decir, además de un uso ineficiente, están manchados de corrupción.

Un desafío adicional de esta parte de los recursos es analizar su contribución a la reducción de las desigualdades territoriales, ya que las reglas actuales basadas en el territorio afectado y no en objetivos de desarrollo y cierre de brechas están profundizando las mismas.

Adicionalmente, las diferentes gestiones municipales y departamentales, al no contar con planes serios de desarrollo terminan realizando inversiones poco eficaces para su comunidad, dejando de lado necesidades urgentes en las que tienen competencia como las mejoras habitacionales o el cuidado infantil y de personas mayores con recursos casi nulos a nivel central. Es decir, si se lograra coordinar con el gobierno central tendrían mayor impacto en la población.

Paraguay invierte poco en todas las dimensiones del desarrollo. Siendo un país de ingreso medio alto y con un importante éxito económico en los últimos 15 años es inexplicable que nuestro esfuerzo fiscal esté más cerca de los países de menor desempeño económico o que enfrentan eventos climáticos catastróficos como huracanes. A nivel mundial, mientras los países que se desarrollaron llegaron a inversiones superiores al 9% del PIB en salud y educación, Paraguay apenas llega al 3%.

En otras áreas es casi inexistente la inversión como en la política de ciencia y tecnología o de cuidados, ambas necesarias para garantizar crecimiento económico sostenido en el tiempo y con mayor efecto multiplicador en el empleo.

Sin innovación tecnológica y evidencia empírica no hay ninguna posibilidad de aumentar la productividad y mejorar los resultados de las políticas públicas. Sin políticas de cuidado de calidad para niños y niñas no podemos aspirar a trabajadores con altos niveles de capital humano en el futuro ni adultos productivos en el presente.

El uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos provenientes de Itaipú, junto con una energía de mejor calidad son pilares fundamentales para el desarrollo a corto y largo plazo de nuestro país y el bienestar de la población.

Paraguay no puede desaprovechar la oportunidad que le brinda contar con la generación de energía barata, limpia y renovable y de recursos financieros para cambiar estructuralmente y dejar de ubicarse en los últimos países en cualquier índice de desarrollo, competitividad económica o fortaleza institucional. El gobierno debe garantizar que Itaipú contribuya con los objetivos e intereses nacionales.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.