Es muy positivo que la economía siga generando oportunidades laborales a un ritmo superior al crecimiento de la fuerza laboral que resulta de la dinámica poblacional que tiene nuestro país. Según esta encuesta del INE, la fuerza de trabajo se incrementó en alrededor de 38.000 personas en el transcurso del 2024, una cuantía inferior al incremento del número de ocupados, lo cual llevó a la reducción en las tasas de desocupación y subocupación. Según las estimaciones más recientes publicadas por el BCP, la economía nacional tuvo un buen desempeño en el 2024, en especial en aquellos sectores económicos intensivos en empleos, como el comercio, que tuvo un crecimiento del 5,1%; los servicios que en su conjunto crecieron el 4,6%; la construcción, que avanzó a un ritmo del 4,8%; y el sector industrial que terminó creciendo un 4,1% anual. De hecho, al analizar el comportamiento del empleo por sectores económicos reportados por el INE, se observa que hubo caída en la ocupación en sectores agropecuarios e industriales e importantes incrementos en sectores comerciales, construcción y servicios, consistente con lo observado en la actividad económica sectorial.
Sin embargo, es muy importante considerar la calidad de los empleos que se van creando, en términos de permanencia, productividad y niveles de formalidad y cobertura de servicios de seguridad social. Si focalizamos en la formalización, al tomar los datos de la mencionada Encuesta de Hogares del INE encontramos que el 80% de los nuevos empleos, unos 46 mil, son asalariados en relación de dependencia, casi en su totalidad en el sector privado incluido el trabajo doméstico. Y si recurrimos a los datos del registro de cotizantes del IPS que se reportan en el Informe de Gestión del 2024 de esta institución, se observa que el número de cotizantes en el régimen general se incrementó en unos 32 mil trabajadores, lo cual indicaría algún grado de avance en el proceso de formalización laboral, por lo menos en el margen. Sin embargo, en este ámbito hay un largo camino por recorrer, ya que los mismos datos del INE muestran que la informalidad laboral aún alcanza al 56% de los trabajadores asalariados y llega al 69% si consideramos a los trabajadores independientes cuentapropistas, un total de alrededor de 1.600.000 trabajadores informales en el país.
Por la experiencia reciente, mantener un ritmo de crecimiento económico similar al promedio de los últimos años, lo cual es altamente probable si mantenemos la política macroeconómica prudente que caracteriza a nuestro país, permitiría crear un número de empleos suficiente para satisfacer el crecimiento anual de la fuerza laboral proyectada por el INE para la próxima década.
Sin embargo, los niveles de informalidad laboral son inaceptables y requieren de políticas públicas específicas y focalizadas para remover los obstáculos que están impidiendo la formalización. Las micro y pequeñas empresas concentran más del 72% del total de los trabajadores ocupados y es el segmento donde se concentra la informalidad y los empleos de baja productividad. Las instituciones responsables deben entender con claridad los principales factores que impiden a este segmento de empresas operar con mayores niveles de productividad y formalizar a sus trabajadores, y diseñar los cambios regulatorios y procesos tecnológicos y operativos que minimicen los tiempos y adecuen los costos de contratación, capacitación y terminación laboral a la capacidad financiera de los mismos. En enero, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7444/25 sobre las mipymes que contempla una serie de incentivos y beneficios para su formalización, así como la provisión de servicios para incrementar su productividad. Suponiendo que la ley es adecuada, el desafío está en una implementación eficaz considerando la magnitud y distribución geográfica de la población objetivo, para lo cual requiere de capacidad institucional, recursos financieros suficientes, capital humano adecuado y un plan de implementación de largo plazo que exceda los límites temporales del gobierno de turno.
