24 nov. 2024

Fortalecer la institucionalidad de nuestro sistema penitenciario

Tres meses después de iniciada la más reciente crisis en la penitenciaría de Tacumbú, el Estado retomó el control de la principal cárcel nacional. Más de 2.000 policías y militares fueron movilizados ayer en el operativo denominado Veneratio para ingresar a la fuerza y lograr hacer retroceder un inminente motín. La comitiva interinstitucional estuvo conformada por los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y la Secretaría Nacional de Inteligencia. Se espera a partir de ahora el progresivo fortalecimiento de la institucionalidad de todo el sistema.

El operativo se marcó como objetivos la erradicación de los privilegios y potestades de las bandas criminales, lograr una mejor distribución de internos, y la presencia institucional y efectiva del Estado, en un territorio que estaba secuestrado por la criminalidad.

Hace apenas tres meses, veíamos incidentes en el penal, cuando la televisión mostraba en directo a reclusos paseando por la zona de vigilancia de los muros perimetrales de la penitenciaría, vestidos con uniformes de guardiacárceles, portando lanzas, cuchillos, escopetas y hasta armas cortas y fusiles. Y es que el gobierno de la principal cárcel del país estaba en manos del clan Rotela.

El clan Rotela, una organización de carácter familiar, que originalmente estaba especializada en el microtráfico con alcance nacional, controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Armando Javier Rotela, conocido como el zar del microtráfico, controlaba la mitad de la venta de crac en todo el país.

Los policías accedieron sin que el operativo fuera dado a conocer a los guardiacárceles, considerando la proximidad con los reos y ante hechos de corrupción que se hicieron públicos en la cárcel de Ciudad del Este. Inevitablemente hubo enfrentamientos y víctimas que son de lamentar, entre los presos y un policía del Grupo Lince.

Tras la exitosa operación es importante considerar los datos compartidos por los expertos, en cuanto a no subestimar el poder del grupo delincuencial que ha repartido el poder a nivel de distintas penitenciarías. Uno de estos es el cambio de la nomenclatura, de clan Rotela a La Jungla, lo que implica la despersonalización del liderazgo. El grupo tiene presencia en todas las penitenciarías, por lo que la recuperación del control de Tacumbú debe ser solo el primer paso de un proceso que debe ser profundizado por las autoridades.

Esperamos que esto no quede como un aparatoso golpe de efecto. El considerado delincuente más peligroso del país ha sido trasladado a un lugar de máxima seguridad, pero las autoridades del Gobierno deben estar atentas para evitar que otra persona ocupe el espacio de poder dejado por Rotela en Tacumbú.

La situación no debe repetirse, pues la simple formulación de detener a alguien que ya se encuentra preso es una vergüenza para la soberanía y la institucionalidad del Estado. Son precisamente las precarias condiciones estructurales las que han hecho posible la existencia de grupos como el del clan Rotela, nacido precisamente en Tacumbú.

La situación de abandono de las cárceles por el Estado paraguayo ya es insostenible. Es conocida la situación de cientos de reclusos quienes duermen a la intemperie, debajo de tinglados, en el suelo, sobre frazadas sucias, que no tienen acceso a la salud ni a una buena alimentación, situación que prácticamente los empuja a los brazos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, las cárceles del país, y entre ellas Tacumbú, deben dejar de ser el reflejo de la desigualdad que tenemos en el país, donde los reclusos vips viven entre privilegios y lujos, mientras que la mayoría pobre subsiste en la miseria.

También se debe recordar que Paraguay es el país con más presos sin una sentencia en la región, lo que representa más del 70% de toda la población penitenciaria. Es por eso que urge que se hagan cambios y una reingeniería profunda, lo cual debe suponer leyes, políticas públicas y un mejor trabajo en cuanto a la seguridad ciudadana. Las reformas deben considerar incluir como parte del problema al Poder Judicial.

Los cambios a nivel de la política pública penitenciaria deben ser profundos y no deben demorar.

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