El presidente de la Junta Municipal de Asunción, César Ceres Escobar admitió que la Intendencia, a cargo de Óscar Nenecho Rodríguez, viene realizando recorte de varios beneficios a los funcionarios, como bonificaciones, horas extras, insalubridad y otros. Esta medida se da en medio del alto nivel de endeudamiento y el escándalo generado por los G. 500.000 millones faltantes de fondos que debían usarse para obras. “Se acompaña de manera selectiva. Hay casos de funcionarios que hay que revisar porque cumplen algunas funciones primordiales y desde que se recortó los beneficios siguen trabajando con la misma intensidad. A veces queremos meter a todos los funcionarios en la misma bolsa y eso sería un error. En la institución existen muchos funcionarios que trabajan de manera certificada, técnica, dedicada”, alegó Escobar en contacto con radio Ñandutí. El alto porcentaje de funcionarios sin funciones que cumplir o directamente planilleros forman parte de las constantes denuncias ciudadanas. Consultado si respalda al intendente, Escobar intentó ser cauto y primero citó que está con el equipo del presidente de la República, Santiago Peña, que es parte del Movimiento Honor Colorado y luego agregó que “con relación al Intendente siempre y cuando tenga un norte que respete las normativas, las coherencias con la ciudadanía asuncena yo ya estaré acompañando”.
Director de finanzas. Esta semana trascendió que el director de Administración y Finanzas, Edwin López Cattebeke habría renunciado. No obstante las autoridades municipales decidieron aún no confirmar ni desmentir. Mientras tanto, aún no se sabe el circuito que tuvo el dinero para obras, ya que no muestran públicamente la factura sobre los gastos corrientes en los que alegan que se destinaron dichos fondos, que era proveniente de emisiones de bonos.
Entre los cuestionamientos de la Contraloría General de la República figuran: La discrepancia entre los saldos contables y bancarios, la falta de respaldo documental, y las transacciones bancarias expuestas en las cuentas corrientes habilitadas para la administración de los recursos de los bonos G8 no fueron justificadas documentalmente.