En primer lugar, la cobertura del sistema jubilatorio es ínfima. El Observatorio toma los datos publicados en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del año pasado, que indica que apenas el 24% de la población económicamente activa de nuestro país aporta a un régimen de jubilaciones y solo el 22% de las personas con 65 años o más de edad recibe una jubilación en función de sus aportes. Estos índices de cobertura son de los más bajos en América Latina.
Solo un pequeño grupo de privilegiados, entre funcionarios públicos y empleados de las empresas privadas grandes acceden al régimen, lo cual refleja una falla de diseño del sistema, porque no está tomando en consideración las características de empleo prevalecientes en el mercado laboral de nuestro país. El sistema debe ser corregido con el objetivo de lograr su universalidad.
En segundo lugar, las diferencias de parámetros existentes entre las distintas cajas en términos de edad mínima de jubilación, años y tasas de aporte y en el cálculo del monto de jubilación generan una gran inequidad entre sectores y configuran un sistema desfinanciado con inequidad intergeneracional, beneficiando a las generaciones actuales en detrimento de las generaciones futuras de jubilados. En este aspecto, el Observatorio actualizó los datos de una publicación del Cadep del año 2014 en los que puede notarse la enorme dispersión y grandes asimetrías entre las cajas. Los más privilegiados son los maestros quienes no tienen edad mínima para jubilarse y pueden hacerlo con el 83% del promedio de los últimos 5 años de salarios, con 25 años de aporte. O sea, podrían jubilarse a los 45 años de edad y muchos lo hacen. Los militares y docentes universitarios tampoco tienen requisito de edad mínima y los policías y magistrados judiciales, sí, y es con 50 años. Solo los funcionarios administrativos tienen una edad mínima razonable de 62 años y una relación más adecuada entre años de aporte y porcentaje de jubilación. En el IPS, la edad mínima es de 55 años con 30 años de aporte o 60 años con 25 años de aporte y una jubilación del 100% del promedio de los últimos 3 años de salarios. No existe razón que justifique estas asimetrías. Además, la esperanza de vida hoy en nuestro país es entre 72 y 78 años en hombres y mujeres, respectivamente. Un maestro que se jubile a los 45 años tendría más años de jubilado que de aportante, lo cual es inequitativo y absolutamente inviable económicamente. Los parámetros del sistema quedaron rezagados y desalineados respecto a los años de vida de la población y, en consecuencia, todas las cajas están quebradas actuarialmente. En la Caja Fiscal los ingresos por aportes ya no cubren los pagos a los jubilados. Esto va a ocurrir irremediablemente también con las demás cajas. No es posible permanecer impávidos ante esta realidad. Desde hace décadas, venimos insistiendo en la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones, pero las autoridades no se hicieron cargo. Por su magnitud e impacto, debe ser encarada por etapas, pero con objetivos claros: Lograr la cobertura universal considerando la realidad del mercado laboral; eliminar las asimetrías e inequidades intersectoriales e intergeneracionales; y volverla financieramente autofinanciada a largo plazo, vinculando estrechamente la jubilación con los aportes, convergiendo a un sistema mixto de jubilaciones. Como primer paso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que regularía uniformemente la inversión de los fondos jubilatorios de todas las cajas y, para controlar su aplicación y monitorear la sostenibilidad de las cajas, crearía la superintendencia de jubilaciones dependiente del Banco Central por ser de carácter técnico y para aprovechar las sinergias con otros entes de supervisión financieros. Es necesario que los parlamentarios comprendan la urgencia e importancia de avanzar con estas reformas fundamentales para el bienestar de la gente.
