La Cámara de Senadores decidió rechazar el proyecto de ley que crea la superintendencia de pensiones, iniciativa del Ministerio de Hacienda para regular las inversiones en los fondos de jubilaciones e introducir un organismo de supervisión y control para asegurar su cumplimiento y evitar las malas prácticas observadas en el pasado que terminaron en grandes pérdidas financieras. Además, esta superintendencia tenía el objetivo de recopilar y consolidar la información del sistema de jubilaciones y proponer los cambios necesarios al Consejo Asesor para recuperar y preservar su sostenibilidad actuarial y financiera a largo plazo.
Las grandes pérdidas financieras y los constantes cambios legales en los parámetros fundamentales del sistema han vuelto inviables a las cajas de jubilaciones y han llevado a un fracaso del sistema previsional para proveer seguridad financiera a las personas en la edad de vejez, responsabilidad fundamental de un Estado democrático. A continuación, algunos indicadores que reflejan el fracaso del sistema previsional.
El IPS, principal ente previsional responsable de prestar servicios de administración de fondos de jubilación y salud a trabajadores del sector privado, luego de 75 años de existencia apenas ha alcanzado una cobertura del 20,5% de la población trabajadora con 716.000 afiliados, según datos del FMI al año 2015. Por otro lado, alrededor de 48.000 personas han accedido a los beneficios de la jubilación, un 8% de la población mayor a 65 años de edad. Como referencia, la cobertura promedio de América Latina es del 50% y en países más formalizados, como Costa Rica, Uruguay y Chile, alcanzan niveles del 70% de la población trabajadora.
La Caja Fiscal, ente previsional de los empleados públicos con 214.000 afiliados (un 6,1% de la población trabajadora) y aproximadamente 50.000 jubilados (un 8,5% de la población mayor a 65 años de edad), tiene beneficios extremadamente generosos especialmente para parlamentarios, policías, militares y maestros, lo cual es injusto e inequitativo y ha llevado a la Caja Fiscal a un déficit financiero que es cubierto con recursos que aportamos todos los ciudadanos en concepto de impuestos. En el 2017, el Tesoro transfirió USD 129 millones de recursos tributarios para cubrir el déficit del programa de jubilación de militares y policías, y el programa del magisterio nacional tuvo un déficit de USD 49 millones cubierto con superávits de otros programas.
La Caja Bancaria, entidad pequeña que administra los fondos jubilatorios de los empleados bancarios con aproximadamente 13.000 afiliados y unos 2.700 jubilados, es la que más ha sufrido el impacto de las pérdidas financieras por mala administración. En los últimos cuatro años ha recibido transferencias del Tesoro por USD 15 millones para cumplir sus compromisos con los jubilados, reflejo de la garantía implícita del Estado a las Cajas por lo cual requiere una estricta regulación y control. Adicionalmente, la Caja Bancaria realizó fuertes ajustes paramétricos para recuperar mínimamente la sostenibilidad actuarial y evitar su dependencia de fondos públicos: la tasa de aporte subió al 28% de las remuneraciones, los afiliados necesitan como mínimo 30 años de aportes para jubilarse a los 60 años de edad y la jubilación máxima fue limitada a seis salarios mínimos bancarios.
Finalmente, apenas un 18% de la población mayor de 65 años de edad tiene una jubilación de las cajas. Como resultado de este fracaso del sistema de jubilaciones, en el año 2009, fue creado un programa de pensiones a adultos mayores en situación de pobreza con una pensión equivalente al 25% del salario mínimo financiado con impuestos. Hasta fines del año 2017 ha incorporado a aproximadamente 185.000 personas (un 45% de cobertura) con un costo aproximado de USD 170 millones anuales (un 0,43% del PIB), convirtiéndose en el principal programa de pensiones del país. Este costo será creciente en los próximos años. Es necesario que los líderes políticos, empresariales y sindicales comprendan que es urgente encarar una reforma seria del sistema previsional para limitar la carga para los contribuyentes en las próximas décadas.
