Desde hace años el Gobierno requiere endeudarse para pagar deuda. Esta situación fue empeorando a medida que también aumentó el servicio de la deuda, lo que ya se tradujo en la imposibilidad de continuar incrementando la inversión en programas claves para el desarrollo del país.
Esta evolución es un resultado normal si aumentan los gastos sin incrementarse los ingresos. Es utópico suponer que se puede gobernar y cumplir promesas electorales sin generar los ingresos para financiar las intervenciones prometidas, más aún si el país ya viene de un endeudamiento previo y es necesario enfrentar los vencimientos.
Un principio básico de la democracia es la responsabilidad de los gobernantes frente a la ciudadanía que representa. Esta, en general, no aprueba el endeudamiento y menos la contratación de deuda para pagar deuda. Solo basta leer los comentarios en las redes, pero si el Gobierno quisiera tener información de primera mano y con rigor científico solo requeriría hacer una encuesta con una muestra significativa y tendría la opinión de la sociedad sobre la decisión de seguir endeudando al país.
Con una alta probabilidad encontrará un rechazo al endeudamiento. Esto es porque la ciudadanía no siente el retorno de la deuda. El gobierno anterior había prometido infraestructura y empleo a cambio del endeudamiento. Después de 7 años es poco lo que se observa de mejoramiento de la infraestructura y menos aún en la calidad de los servicios públicos.
Durante los últimos años, se había prometido financiar con deuda el mejoramiento de los servicios básicos. Sin embargo, los cortes de energía eléctrica no disminuyeron y justo antes de la pandemia el acceso a agua potable se vio comprometido. Un supuesto implícito del endeudamiento en inversión en infraestructura es que la deuda genera capacidad de pago, ya que contribuye a un aumento de la producción y de la productividad, lo cual permite recaudar más.
Este supuesto, que parece hasta de sentido común, en Paraguay no se cumple ya que en todos estos años el país no generó los recursos tributarios para asumir los compromisos, razón por la cual fue necesario todos los años contratar más deuda para asumir las deudas anteriores.
Así, la deuda fue aumentando sin pausas y con promesas incumplidas hasta llegar a límites casi insostenibles, ya que con las inversiones realizadas el país no logra recaudar lo suficiente. La ciudadanía reclama con razón mayor responsabilidad fiscal. Es irresponsable continuar endeudando al país para pagar gastos que no generan retorno a la población. La propuesta de ley planteada no hace sino confirmar los peores miedos ciudadanos y contribuir a la desconfianza de por sí desgastada, que no contribuye a la legitimidad y gobernabilidad, situación altamente peligrosa para la democracia.
