Desde el Frente Guasu señalan que la reelección del contralor Camilo Benítez Aldana consolida un nuevo retroceso para la institucionalidad del Paraguay, determinado por actores extranjeros y la mafia local. La Cámara de Diputados confirmó a Benítez y a Augusto Paiva como contralor y subcontralor, respectivamente.
Asimismo, detallan que a tambor batiente una mayoría legislativa, conformada por parlamentarios del Partido Colorado, del Partido Liberal Radical Auténtico y otros aliados, terminó por resolver la reelección del contralor.
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“Desde nuestra bancada del Frente Guasu en el Senado hemos hecho público nuestro rechazo y repudio a que nuevamente se pervierta el principio constitucional del control sobre la gestión del Gobierno con el nombramiento del señor Camilo Benítez, perteneciente al Partido Colorado”, expresan.
De igual manera, indican que consideran bien recibida cualquier expresión de solidaridad y cooperación de Estados Unidos con Paraguay, pero lamentan y rechazan que el señor Joseph Salazar, representante de negocios de los Estados Unidos, haya sobrepasado los límites de sus atribuciones diplomáticas, ejerciendo una clara intervención en los asuntos internos del país, por lo que esperan la intervención de Cancillería.
“Consideramos absolutamente reprochable y repudiable que un funcionario diplomático extranjero sea actor partícipe de la consolidación de un modelo de corrupción y deterioro de la institucionalidad de este país”, manifiestan.
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Entre otras cosas, afirman que la reelección de Camilo Benítez contraviene claramente el principio de control recíproco invocado en la Constitución Nacional y que resulta claramente funcional a los designios del Partido Colorado, en función del Gobierno, que a su vez deteriora la ya dañada institucionalidad del país y pervierte principios emanados en la Carta Magna.
“En este escenario de descomposición de nuestras instituciones, una vez más debemos reivindicar más que nunca el principio de la participación ciudadana activa como única garantía del respeto y defensa de los derechos de los paraguayos y paraguayas”, finalizan.