Campesinos de la Sexta Línea Yvype de Lima (San Pedro) ocuparon tierras del lugar como reacción a las fumigaciones de las plantaciones de soja y maíz que no respetan las leyes ambientales. La noticia, aparecida ayer en este diario, no es la primera sobre el asunto. Desde hace años, las fuerzas de seguridad han tenido que proteger a los fumigadores de la resistencia de los campesinos a la utilización masiva de productos químicos.
¿Se trata de la ignorancia de los campesinos a la agricultura moderna? No necesariamente. En los Estados Unidos, cuna de los OGM o transgénicos usados también en el Paraguay, se ha constatado una mayor incidencia de cáncer en las zonas agrícolas. Por otra parte, en el Norte se cumplen más las disposiciones legales sobre las fumigaciones, que aquí se ignoran con harta frecuencia. Para dar un ejemplo, citaré el caso de Marina Cué, donde existe un sojal que llega hasta la ruta, sin barrera de protección. El sojal ya estaba en el 2012, cuando se produjo la masacre del mes de junio, y sigue hasta ahora, cuando supuestamente el lugar es una reserva natural protegida del Gobierno. Esto es algo que cualquiera puede constatar recurriendo a los mapas satelitales de Google, y que las autoridades han preferido no ver.
Paso por alto todas las fotografías publicadas en diversos diarios que nos muestran caminos, escuelas y poblados rodeados de soja, sin ninguna protección. Paso por alto las denuncias y constataciones de intoxicaciones e incluso muertes, como la del niño Silvino Talavera, que terminó con la condena no cumplida de los dos sojeros culpables. Paso por alto los estudios científicos realizados en la Argentina sobre los transgénicos y la salud. Aún así, es imposible negar que el problema existe en el Paraguay, por mucho que las autoridades y la universidad prefieran ignorarlo.
No creo que el problema vaya a solucionarse, por la negligencia local y por la utilización del dicamba; mejor dicho, de una nueva versión del dicamba, un producto que es tóxico en sí mismo y, además, es sumamente volátil. Esto último significa que, cuando un agricultor lo usa en su campo, los efectos se sienten en los campos vecinos: más concretamente, que se destruyen los cultivos de los campos vecinos. Esto se ha visto en los Estados Unidos, donde se han destruido cerca de 1.292.000 hectáreas de cultivos a causa de las fumigaciones en campos ajenos. En los estados de Arkansas, Missouri y Tennessee se ha restringido o incluso prohibido el uso, y la EPA (agencia ambiental norteamericana) considera seriamente la posibilidad de prohibirlo a nivel nacional.
No creo que, por eso, se prohíba el uso en el Paraguay, un basurero de sustancias tóxicas. De todos modos, lo que quiero decir es lo siguiente: no solamente aquí, por pura ignorancia, hay resistencia a las fumigaciones.