Los aumentazos concedidos a un selecto grupo de funcionarios estatales, mediante recategorizaciones sin concursos, no violan ninguna legislación vigente y se ajustan a derecho, de acuerdo con el Dictamen 01/19 emitido por la Asesoría Técnica Jurídica de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esta dependencia encargó su parecer legal a la abogada Erika Campuzano (ver facsímil) por pedido de la máxima autoridad de la institución, Cristina Bogado, luego de que el Ministerio de Hacienda haya pedido a todos los organismos la presentación de los documentos que avalen los reajustes otorgados por el Congreso. Según los datos del Fisco, 2.123 funcionarios fueron beneficiados con aumentos que van desde el 2% al 251%.
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En el documento, la SFP alega, en primer término, que no se puede dejar sin asignación salarial a los funcionarios, pese a las diferencias de anexos de personal entre el 2018 y 2019, por derecho propio y por la responsabilidad jurídica que implica la no gratuidad del trabajo.
Prosigue señalando que estos incrementos de salarios son necesarios para incentivar a funcionarios altamente técnicos ante continuas ofertas de remuneraciones más elevadas, para rematar con el argumento de que, teniendo en cuenta el derecho laboral vigente en nuestro país, este prima sobre todos los trámites administrativos, como son los procedimientos de concursos en el ámbito público.
En otras palabras, el Dictamen 01/19 de la SFP reduce los concursos a simples procesos administrativos, obviando que la obligatoriedad de los concursos está estipulada en la Ley 1626/00, normativa que no solo regula los procesos de ingreso y promoción en el sector estatal, sino que crea la propia Secretaría de la Función Pública y dispone sus atribuciones.
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ÚH intentó ayer hablar al respecto con la ministra Bogado, pero la misma no respondió a nuestras consultas.
¿JUDICIALIZACIÓN? Este dictamen ya es de conocimiento de varios sindicatos de funcionarios públicos, quienes están analizando recurrir a la Justicia para anular la Resolución 130/19 de Hacienda, por la cual se congeló el pago de salarios a los beneficiados con los aumentazos.
La idea de los gremios es presentar una medida cautelar para frenar esta suspensión, alegando que una resolución no puede estar por encima de la Ley de Presupuesto, según la Constitución Nacional.
Mientras tanto, mañana a las 9.00 vence el plazo para que presenten sus argumentos las 35 entidades emplazadas por Hacienda tras los aumentazos. Hasta el viernes pasado, solo 10 lo habían hecho.
