La fiscal del caso, Norma Salinas, informó a ÚH que el acta de imputación detalla como las víctimas a Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco, y Lorena Brítez González, viuda de Antonio Acosta Contrera quienes solo recibieron G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.
El pago por el trabajo realizado para Anadelia y Flores fue de G. 10 millones para la primera y para la segunda de G. 5 millones, según informó Anadelia a las víctimas.
Investigación. El 2 de octubre, el Ministerio Público, en conocimiento del hecho, requirió de informes al Banco Nacional de Fomento (BNF); así se tomó conocimiento de que en fechas 11 y 26 de setiembre se efectivizaron los cheques. El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza fue el responsable de efectivizar el dinero. De acuerdo con el informe entregado por el BNF, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles, conforme al poder general presentado por el abogado para la efectivización de los cheques. “A la fecha, se puede decir que este poder general que presentaron no es válido, porque es falso; el escribano de Ybycuí ya manifestó que él no firmó”, expresó Salinas para ÚH. Adelantó que podría haber más hechos punibles a medida que avancen las averiguaciones.
Medidas solicitadas. La fiscala puso una fianza real suficientes por valor de G. 800 millones, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de salir del país. En contrapartida, no pidió prisión porque todos tienen suficiente arraigo.
ASISTENCIA. El 2 de agosto fallecieron Antonio Acosta Contreras y Marino Ramírez Casco a causa de estar expuestos y en contacto con alambrado electrificado. En el velorio, Anadelia Acosta les ofrece asistencia legal para conseguir la indemnización.
Nelson Medina, asesor jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), responsabilizó al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el cobro irregular de G. 800 millones en concepto de indemnización para familiares de obreros fallecidos por electrocución, los cuales solo recibieron en conjunto la suma de G. 70 millones. Explicó todo el proceso que se realiza cuando se dan decesos de sus colaboradores por electrocución. En contacto con Radio Monumental 1080 AM explicó que ambos hombres eran funcionarios de la ANDE y que estaban realizando trabajos de alambrado en un inmueble rural en Caaguazú. Allí recibieron una fuerte descarga al caerles encima un cable de baja tensión.
Mario León Caballero, responsable de la escribanía que figura en el poder otorgado para efectivizar G. 800 millones en concepto de indemnización en beneficio a dos familias vulnerables, alegó que no autorizó nada. “Deberá ser un documento falso. Yo no autoricé nada”, refirió en contacto con Radio Monumental 1080 AM el escribano que trabaja en Ybycuí, Departamento de Paraguarí. El dinero se retiró en el Banco Nacional de Fomento (BNF) de Repatriación, Departamento de Caaguazú. Ante esta situación ya no solo se habla de apropiación, estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles, sino incluso falsificación de documentos y asociación criminal. Alrededor de 8 o 9 personas estarían involucradas.
