Ana Laura Rojas, delegada de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Caaguazú, envió una nota al Senado denunciando varias irregularidades de la institución a cargo del defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy Servín.
“El señor Miguel Godoy Servín, defensor del Pueblo de la República del Paraguay, lastimosamente olvidó que la naturaleza de su cargo es dedicarse a la protección de los derechos de las personas vulnerables y que es inconcebible su actuar discriminatorio que va en contra del deber constitucional que debe cumplir”, afirma el documento enviado al presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón.
Entre las irregularidades en la gestión de Godoy se citan despidos arbitrarios a funcionarios sin previo sumario, así como la no renovación de contrato de prestación de servicio a funcionarias con antigüedades de 4 a 9 años en el cargo de forma continua e ininterrumpida como los casos de Adriana Celeste Samudio Rivas con 9 años en la institución, y Etel Vidalia Giménez Arriola con 4 años de antigüedad.
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Agrega que se aplican descuentos injustificados a los funcionarios y que los que trabajan incluso fines de semana, no cobran horas extras.
Asimismo, según la denuncia, en la nómina de salarios que se puede apreciar en la página de la Defensoría, gran cantidad de funcionarios perciben menos del salario mínimo legal vigente. Contrariamente, a otros que son beneficiados con recategorización y nombramiento sin tener la antigüedad requerida.
Funcionarios vip con exoneración de marcación
“La gente considerada ‘su primer anillo’ recibe más del 30% de bonificación estipulada por la ley de la función pública. También cabe destacar que la mayoría de estas personas son de su ciudad Itá y trabajaron con él en el movimiento ‘Abogados Dignos del Paraguay’; todas estas personas son nombradas, a excepción de Eduardo Marecos, y gozan de altos salarios”, relata.
Además, señala que el director general de Verdad, Justicia y Reparación recibe cerca de G. 1.000.000 al mes en concepto de gastos de representación, pero que hasta el momento se desconoce siquiera sobre un proyecto que hayan presentado a fin de brindar soluciones a personas que fueron víctimas de la dictadura.
Según Rojas, el funcionario Eduardo Marecos no asiste a la institución y tiene exonerada la marcación, pero cobra G. 6 millones.
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“Miguel Godoy hace alarde en redes de no tener funcionarios nombrados durante su administración, mientras que, Norma Mabel Giménez, secretaria general, sin título universitario, nombrada, cobra G. 6.728.000 al mes; al igual que Yessica Insemblante Álvarez, funcionaria de la delegación de Caaguazú, quien tampoco asiste a su lugar de trabajo porque tiene exonerada la marcación”, manifiesta.
Incluso, denuncia que el propio defensor Miguel Godoy no asiste a su oficina, y cuando lo hace, solamente se presenta por 2 o 3 horas.
Maltrato a funcionarios
En la denuncia presentada a la Cámara de Senadores también figuran supuestos hechos de maltrato a funcionarios por parte del defensor.
Asimismo, se cuestiona que en las delegaciones del interior son los funcionarios quienes tienen que solventar todos los gastos de la institución (muebles, equipos informáticos, etc.), cuando que el defensor hizo figurar que utilizó parte del presupuesto en muebles para delegaciones del interior.
Añade que el edificio de objeción de conciencia, que es por donde más dinero ingresa a la institución, se encuentra en un estado deplorable y ni siquiera entró en licitación. A esto le suma que la Contraloría General de la República objetó informes entregados por estar adulterados y sin fundamentos en muchos gastos incurridos.
Denuncias fueron giradas a Comisión de DDHH
Además del documento presentado, el caso fue expuesto por el senador Enrique Riera, quien lamentó la situación por la que pasan los funcionarios. “No podemos admitir este tipo de hechos autoritarios”, manifestó ante el pleno.
Mencionó que la denuncia será derivada a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que se interioricen de la situación.
“Vamos a seguir trabajando y no vamos a hacer caso”, responde Godoy
A través de un video en vivo, en su cuenta de Facebook, el defensor Miguel Godoy habló sobre las denuncias en su contra. “No contesté y no le busqué a los medios de prensa porque te endilgan responsabilidades por doquier. Hoy justamente le hablé a la chica (Ana Laura Rojas) y le dije lo que pensaba y hasta que me podía grabar. Punto número uno, yo no la conozco, nunca tuve ningún tipo de relación buena ni mala, ni tampoco quejas de su trabajo”, sostuvo.
Negó cualquier tipo de maltrato y alegó que la denuncia de la funcionaria se debe a que entre los despidos se encuentra su cuñada.
“Lo que ocurrió fue que Hacienda nos sacó G. 1.300 millones y eso nos repercutió en una contratación masiva de funcionarios porque ya no teníamos más para pagar a una buena cantidad de funcionarios y tuvimos que hacer descontrataciones, entre ellas se le descontrató a la cuñada de esta señora”, comentó.
Mencionó que todo se trata de un invento y que no prestará atención al caso. “Esta señora está esperando, seguramente, que se le eche para seguir armando camorra o problemas desde una perspectiva política. Ella continúa inventando cosas”, indicó.
