El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM. Eso puede leerse, palabras más, palabras menos, en https://www.seprelad.gov.py/gafilat-i27.
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS. Con este subtítulo, el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS) publicó en el tercer trimestre del 2021 una Revista sobre los hechos relacionados con el Gafilat durante diciembre del 2020 hasta julio de 2021, señalándose las posibilidades en la lucha contra los objetivos señalados en el primer párrafo arriba así como algunas imperfecciones en las mismas, superables por cierto, así como la debilidad institucional local, que acompaña todo el proceso, con impunidad omnipresente, que fomenta una corrupción desaforada, en un sector público plagado de clepto-e ineptocracia, acosadas además por nepotismo. La Revista mencionada puede obtenerse en versión electrónica (la versión impresa se ha agotado) llamando al 0994 646515 o al 0981 780471 (Whatsapps). Ver https://instituto.org.py/
LO QUE HAY QUE MEJORAR. Las normas que van aprobándose en América Latina y el Caribe (ALC) necesitan ser mejoradas para volverse más eficaces y eficientes. Ejemplos analizados son los siguientes: 1. No criminalizar a los microahorristas y micro-inversores de países vecinos en caos económico, que huyen de los mismos para no terminar con sus bienes confiscados por políticas públicas en sus países de origen. 2. Diferenciar entre el lavado de capital cruento (el proveniente del crimen organizado) y el incruento (delitos económicos en general y el contrabando en particular). Contra el primero se debe proceder implacablemente. Contra el segundo se plantean soluciones económicas que permitan la incorporación de este tipo de capital no criminal a la economía formal: es blanqueo de activos pagando reducidas multas tributarias. Todo eso está disponible en www.rsa.com.py, de acceso gratuito.
EXPECTATIVAS DE PARAGUAY. En julio de 2022 se tendrán las conclusiones del Gafilat en el grupo de trabajo sobre Paraguay. A partir de ellos podrá realizarse una evaluación de las mejoras obtenidas aquí en la observación de las normas correspondientes. Es probable que el resultado en gran medida sea positivo para nuestro país. No obstante, habría que plantear también en los niveles decisorios del Gafilat la necesidad de mejorar sus normas en el sentido mencionado arriba, que son tan solo algunos ejemplos de lo que debería ser hecho por este organismo internacional.
COOPERATIVAS, FUENTES DE FINANCIACIÓN. Los dirigentes del Gafilat han tomado bajo la lupa las cooperativas en Paraguay en el combate al financiamiento del terrorismo, a través Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Para ello Seprelad (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes) desarrolló un Sistema Integral de Reportes Operativos (SIRO), que incluirá todas las entidades cooperativas, no solamente a las del tipo A o B, sino todas las de ahorro y crédito. Este control de las cooperativas se hizo necesario a partir de la experiencia recogida en la Cooperativa San Cristóbal, en la que se había empleado un sistema de lavado de dinero, aparentemente utilizado por narcoterroristas, durante la Presidencia de Juan Carlos Ozorio, hoy en día en reclusión.
EXPROPIAR BIENES A ORGANIZACIONES CRIMINALES. Es destacable la experiencia recogida por el Gafilat en nuestro país, en el sentido de que es mejor decomisar los bienes de las organizaciones criminales y de las personas vinculadas a ellas que aplicar sanciones penales a los responsables. Se constató que el financiador del narco-terrorismo una vez preso, sigue cometiendo sus crímenes desde la cárcel recurriendo a personas o instituciones vinculadas a ellos. Así afirmaba el 7 de marzo de 2022 Esteba Fullín, Secretario Ejecutivo de Gafilat. Desde esta óptica, siempre es más importante expropiar la parte económica del crimen organizado que castigar penalmente a los financiadores del terrorismo.
