El Ministerio de Hacienda informó que las iniciativas de ampliación presupuestaria que están en el Congreso implican unos USD 1.800 millones. La aprobación del gasto a este nivel se estima que generará un retroceso en materia presupuestaria equivalente a lo que pasaba 20 años atrás.
La situación empeora si se considera que gran parte de los aumentos solicitados no llegarán de manera directa a la ciudadanía, ya que son aumentos salariales. Peor aún, estos aumentos se pretenden aprobar sin la vigencia de una carrera profesional, por lo que existe el alto riesgo que se destinen a operadores políticos y no a funcionarios que contribuyan a mejorar los servicios públicos.
De hecho, el Presupuesto actual ya tiene ese problema. El sistema de remuneraciones y beneficios salariales está más vinculado al clientelismo político que a los resultados de la gestión. Por eso es que el aumento de los recursos destinados a los servicios personales no se traduce en mejoras de la gestión.
El proceso presupuestario siempre ha sido un aspecto crítico para el desarrollo y la gobernabilidad del país.
Siendo el principal instrumento de política fiscal que tiene el país, también es uno de los instrumentos que mejor reflejan la irracionalidad de las autoridades y políticos. Actualmente nos encontramos en un momento particularmente especial dado que vivimos un año electoral, en el que se van a elegir las candidaturas para las elecciones presidenciales del 2023, por eso se debe tener especial cuidado.
La falta de racionalidad para gestionar los conflictos y garantizar un buen funcionamiento de todos los sectores que inciden en este instrumento ha generado un Presupuesto que favorece en primer lugar a intereses particulares y de manera secundaria al bien común.
Actualmente, rubros estratégicos para la eficiencia y eficacia de las políticas tienen escaso o nulo financiamiento, con lo cual a pesar de existir recursos, los resultados son exiguos.
Se financian docentes y personal de blanco, pero sin útiles o medicamentos. Se construye infraestructura educativa y de salud, pero no se instala una política de transporte que garantice el traslado. Se pagan pensiones alimentarias a adultos mayores, pero no se les proveen servicios de salud, principal problema a esa edad. Se entregan créditos al sector productivo, pero sin capacitación, asistencia técnica o acceso a mercados. Se realizan obras de infraestructura de bajo valor social.
La coyuntura actual de la población ya no aguanta más la falta de compromiso de los políticos. Los ingresos laborales se están reduciendo, la inflación erosiona la capacidad adquisitiva, la población está endeudada, los servicios públicos no ayudan a alivianar el peso de la crisis económica y los retrocesos que ocasionó la pandemia no se revierten.
Se pueden señalar innumerables ejemplos de formas en que se implementan políticas incompletas o insuficientes. Todas estas inconsistencias no solo generan ineficiencia, también deslegitimidad del Estado. Esto es sumamente peligroso para la gobernabilidad y la paz social.
El Presupuesto es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el Estado para cambiar la vida de sus ciudadanos. Actuar con ligereza e irresponsabilidad significa menospreciar este rol y, sobre todo, violar principios básicos de una democracia representativa.
El Congreso debe poner su parte para garantizar que el Presupuesto refleje el interés nacional y no los intereses particulares de grupos minoritarios y privilegiados.
