En la madrugada del 13 de agosto de 2016 una patrullera de la Comisaría 4ª de Barrio Obrero persiguió a Richar Pereira, en ese entonces de 25 años, porque manejaba un automóvil sin matrícula. Días antes, Richar ya había sido interceptado en su vehículo y tuvo que entregar 400.000 guaraníes para que lo liberen. Aquella madrugada no tenía dinero para la coima y trató de llegar a su casa para protegerse de los policías. Terminó con una bala en la nuca y parapléjico probablemente de por vida.
La semana pasada inició el juicio oral a los policías procesados por lo ocurrido. El caso pinta de cuerpo entero a una institución corroída por la corrupción, el uso desmedido de la fuerza y la defensa corporativa entre policías. Lo de Richar ocurrió en la capital y obtuvo mucha repercusión mediática, pero historias así se repiten a lo largo del país, en diversas formas.
El suboficial Jhonie Orihuela contó en el juicio que cometió “un accidente de trabajo” al dispararle en la nuca a Richar. En lo que podría calificarse como una confesión, reconoció ante el Tribunal de Sentencia que sabía lo que le esperaba debido a su “error” y que en su desesperación trató de obligar a Richar a que haga disparos con su arma, para luego plantarle un revólver viejo como evidencia en contra. Admitió que su intención era ocultar lo que pasó, aunque en el juicio se cuidó de no mencionar detalles ni contestar preguntas que pudieran incriminar a su superior, el comisario Jorge Zárate, quien lo acompañaba esa noche en la patrulla.
Lamentablemente para el comisario, las declaraciones de Richar Pereira y otros testigos que estuvieron relacionados con los hechos de aquella madrugada, lo situaron en todo momento como parte del esquema en el cual la Policía –que debería ocuparse de la seguridad de sus ciudadanos– disparó a matar a un joven trabajador y luego decidió crear pruebas falsas para proteger la mala actuación de los suyos.
En la misma semana, dos agentes del Grupo Lince fueron detenidos por presuntamente extorsionar a un hombre, exigiéndole G. 15 millones para devolverle su propio vehículo, que incautaron en un procedimiento irregular. El caso fue confirmado por el mismo Ministerio del Interior, luego de que el automóvil en cuestión fuese hallado en poder de los policías denunciados.
El Grupo Lince fue presentado como la esperanza de la Policía y efectivamente consiguió reducir las cifras de la delincuencia en las calles, pero en su corta existencia acumula sendas denuncias de abusos de poder.
Sería injusto decir que todos los policías del país son corruptos o agresivos, así como sería de necios negar que existe una cultura de abuso de poder que atraviesa toda la institución. Creer que la detención reciente de los agentes del Grupo Lince o lo de Richar Pereira son casos aislados sería muy inocente. Se trata de síntomas de una misma enfermedad que carcome hace décadas a la Policía Nacional.
Hasta tanto el Gobierno no se ocupe de sanear la institución de arriba abajo, seguiremos escuchando acerca de casos como el de Richar Pereira, de gatillos fáciles que rondan las noches, de agentes que salen a las calles a extorsionar y recolectar para la corona, historias de una Policía a la cual hay que temer, en lugar de confiar.