En un principio, se dijo que la maniobra oficialista buscaba blindar a Prieto para que en un lapso de un año no corra otro pedido de intervención. Esto último al menos contemplaba un proyecto de modificación de reglamento interno, presentado en 2018, que finalmente no prosperó.
El concejal colorado Ernesto Guerín, uno de los ediles que cuestionan la gestión de Prieto, calificó de un verdadero circo, todo lo actuado por sus colegas oficialistas. “Piden intervención y luego rechazan. Lo mejor de todo es que ellos reconocen que Miguel Prieto es ladrón”, ironizó.
La solicitud de intervención coincidió con la segunda acusación formal hecha por el fiscal de Anticorrupción Silvio Corbeta en una de las causas abiertas contra el intendente Prieto, por supuestos hechos de corrupción. Según Guerín, la acción de los concejales prietistas fue un “juego de cintura” para distraer la atención de la ciudadanía ante las crecientes acusaciones de corrupción contra el jefe comunal esteño.
“Este amague no es más que una táctica ridícula, una burla a la ciudadanía. Los mismos que piden la intervención son los que la rechazan. La corrupción cae por su propio peso, más temprano que tarde”, sentenció el concejal, aludiendo a lo que considera una estrategia para evitar cualquier investigación seria contra Prieto.
Las redes sociales no tardaron en estallar con comentarios sarcásticos y críticas hacia los concejales oficialistas. Gustavo Prieto, un ciudadano que participó en los debates en línea, criticó duramente la postura de los ediles, afirmando que “los concejales están sometidos a Miguel Prieto y no cumplen su rol de contralores”.
El escepticismo sobre el rol de los concejales oficialistas se hizo más evidente con comentarios como el de Blanca Sánchez, quien denunció que “la plata del pueblo se utiliza para comprar jueces y fiscales corruptos”. Mientras tanto, Alcides López se preguntaba en tono indignado: “¿Qué espera la Justicia para llevar presos a estos bandidos?”.
EN DERECHO. El edil oficialista Pedro Acuña, uno de los firmantes de la minuta, dijo que tienen el derecho de presentar la minuta basada en lo que dicen los miembros de la Contraloría Ciudadanía y otros sectores y que tienen también el derecho de rechazar, porque asegura que no encontraron ningún elemento en la Junta Municipal, que sostenga las denuncias contra Prieto.
Además de Acuña, la minuta fue firmada por los ediles Víctor Torales, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff y Valeria Romero, todos de la bancada oficialista. Argumentan que el pedido de intervención surgió a partir de las 41 denuncias presentadas ante el Ministerio Público contra la administración de Miguel Prieto.
