El proyecto –que tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados– faculta al IPS a solicitar a entidades del sistema nacional o internacional la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo para el pago de las deudas pendientes con los proveedores. Estimativamente, USD 233 millones es el monto del pasivo acumulado con los proveedores del 2020, 2021 y 2022.
El incremento de la deuda se registró especialmente durante la pandemia del Covid, ante la baja recaudación y la elevada inversión para la compra de insumos y medicamentos para los hospitales, dijo el gerente financiero.
“El cumplimiento de esas obligaciones financieras sustrae el 35% de los recursos institucionales. Si esta ley prospera, se va a invertir esa situación y se establece que como máximo se va a utilizar solo 5% (G. 10 mil millones) de esos recursos. Entonces, liberaría el flujo de caja mensual en un 30% (G. 80 mil millones) y eso podemos utilizar para hacer frente a las obligaciones presentes”.
La aprobación del proyecto –sostuvo Urizar– permitirá amortizar la deuda con los proveedores. “Se pasaría de una deuda con proveedores a una deuda con el sistema financiero o bancario. No se duplica ni se crea una deuda, porque la deuda ya existe”.
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