Es evidente la necesidad de avanzar con las reformas en el Estado, y entre sus diversos aspectos está la profesionalización de la función pública. A lo largo de los años se han presentado proyectos en el Congreso, los cuales han sido ciertamente debatidos, pero al final las decisiones han quedado en la nada. Ahora nuevamente hay una fecha límite en torno al proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, que debe ser resuelta en el Senado. La clase política ya no puede demorar la profesionalización del servicio civil.
La idea consistía en contar con un único cuerpo legal del servicio civil, pues algunos sectores están excluidos de la Ley de la Función Pública; asimismo estaba previsto incluir la matriz salarial, para evitar privilegios o beneficios exagerados.
El Parlamento electo hace un año, un Parlamento que tiene la asombrosa oportunidad de lograr lo que se propone, pues cuenta con mayoría absoluta, sin embargo, ha decidido legislar en contra de los intereses del pueblo paraguayo. Ese es el efecto directo de las modificaciones que han introducido al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. De hecho que el propio presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, adelantó que la legislación no va a afectar al Poder Legislativo ni al Judicial, contradiciendo al mismo proyecto del Ejecutivo, en cuya propuesta se incluye a todos.
Recurriendo a una expresión del ámbito futbolístico, en el Congreso están embarrando la cancha. Esto es, como denunciara la senadora del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, los cambios que se vienen realizando en la Comisión de Legislación están alterando el proyecto original del Ejecutivo, y estableciendo incluso excepciones, pero además de eso, ya se tienen más de dieciséis versiones de la regulación y cada semana aparece una nueva, según la legisladora.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el proyecto incluye a todos, excepto a las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado y fuerzas de seguridad, pero al final la decisión queda en manos de los legisladores. Otras graves decisiones tienen que ver con que Legislativo y Judicial se autorreglamentarán, pero en el artículo 5, incluso le quitan a Economía potestad sobre los salarios.
Queda en evidencia la diferencia de posturas entre el Legislativo y el Ejecutivo, particularmente en cuanto a quiénes no serán afectados por la ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Pero sobre todo queda en evidencia que desde el Parlamento se mantienen en el empeño de extender y proteger sus privilegios.
El Presupuesto General de la Nación tiene presupuestados más de 300.000 cargos públicos, divididos en 107 instituciones públicas; el Ministerio de Economía previó para este 2024 un gasto en materia de salarios de USD 3.250 millones, lo que significa nueve millones de dólares por día. Esos recursos provienen de los impuestos que pagan los paraguayos y paraguayas, quienes merecen que las instituciones del Estado les brinden mejor servicio, eso no va a ser posible si continúan los privilegios y el despilfarro.
Recordemos los escándalos alrededor de los nepobabies, la hija del vicepresidente de la República ganando 18 millones de guaraníes sin experiencia ni méritos; la hija del diputado cartista Esgaib, empleada de lujo en nuestra Embajada ante el Reino Unido o los casi 500 contratos que autorizó el titular del Congreso, Basilio Núñez, pagando a bachilleres montos que no reciben profesionales de la salud del sector público.
La gestión de los recursos humanos en el sector público es una de las grandes deudas pendientes que mantiene la clase política con la ciudadanía. Deben entender las autoridades y la clase política que si no se profesionalizan los servicios civiles va a seguir teniendo un impacto negativo en nuestro desarrollo económico, social y, particularmente, en cuanto a la lucha contra la corrupción.
